Luego de la intimación para regularizar las deudas con el Estado, que ascienden a 66 millones de pesos, la distribuidora eléctrica Edemsa, del grupo Vila-Manzano, comenzó a pagar el pasivo. No fue en un solo pago, sino en varios y a cuentagotas que la empresa dispuso por varios conceptos. Sin embargo, el Gobierno provincial evitó tomar una decisión respecto de los incumplimientos de la firma y pospuso para hoy las novedades.

El plazo que tenía Edemsa venció ayer a las 24 (hoy a las 0) y se espera que durante el día el Ejecutivo defina qué caminos tomará. A primera hora, el gobernador Celso Jaque viajó a Malargüe por el aniversario de ese departamento y la información se concentró en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, donde prometieron revelar al mediodía lo que sucedía, aunque después no lo hicieron, argumentando que ultimaban detalles y que lo realizarían hoy.

Cerca de las 11, la subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez, aseguró a El Sol que la firma comandada por el grupo empresario Vila-Manzano y que abastece 70 por ciento del mercado local no había cancelado ni un solo peso. La deuda que la firma mantiene con el fisco incluye el Valor Agregado de Distribución (8,4 millones), multas por deficiencia en el servicio durante el 2009 que deberán ser reintegradas a los usuarios en la facturación a pesar de estar recurridas en la Justicia (25 millones de pesos) y los 32 millones de pesos que deberían haber sido destinados al Fondo de Infraestructura y que correspondían a la sobretasa eléctrica y la recaudación por alumbrado público.

En total suman 66 millones, aunque esta cifra podría ser mucho mayor si se tienen en cuenta otros aportes, como el destinado a un fondo para educación al que se comprometieron estos mismos empresarios para poder acceder a la licitación de siete áreas petroleras en mayo del 2008.

En este punto hay diferencias hasta dentro del propio Ejecutivo, porque mientras que el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, dice que las firmas han cancelado casi todos sus aportes, en la Dirección General de Rentas se puede constatar que sólo ingresaron 3.427.378 pesos por este concepto. Esto es menos de 50 por ciento de lo que debían pagar, porque en el decreto de licitación quedó fijado 2 por ciento de la inversión comprometida para obras de infraestructura escolar y que debía desembolsarse en tres cuotas. El monto total de la inversión es de 290 millones de dólares y en los pliegos se comprometieron a depositar 2 por ciento (5,8 millones de dólares), dividido en tres años, por lo que debían pagar unos 8 millones de pesos (aproximadamente, 2 millones de dólares) en el primer vencimiento.

Vázquez aseguró que las firmas pagaron en su mayoría y reveló un número de expediente que tampoco se pudo constatar. Además, vaticinó que elevó a la Fiscalía de Estado una copia del mismo para que este órgano se encargue de cobrarlo. Mientras, el titular de Rentas, Rodolfo Quiroga, confirmó que por este concepto ingresaron 3.427.378 de pesos, aunque tampoco logró precisar a qué firmas pertenecen. Por otro lado, en infraestructura, escolar, tampoco quisieron confirmar qué se hizo con estos fondos que ya ingresaron a las arcas oficiales.

En este clima de incertidumbre es donde el Gobierno prepara su decisión. Hasta ayer sólo se sabía que la distribuidora prometía, a través de una solicitada, pagar deudas, aunque negaba la veracidad de las mismas. Lo cierto es que en las próximas horas, y tal vez ante la presencia de Celso Jaque, quien viaja hoy a la tarde a Estados Unidos, se conocerá la decisión oficial con la que en el Ejecutivo pretenden detener la falta de control en la distribuidora del grupo Vila-Manzano.