Según estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y de varios colegios profesionales de ingeniería forestal, las cenizas elevan el pH del agua y los residuos de la combustión —ricos en metales pesados como arsénico, plomo o mercurio, así como en nitratos e hidrocarburos cancerígenos como el benzopireno— pueden filtrarse al subsuelo y permanecer durante años en los acuíferos subterráneos. A ello se suma la pérdida de vegetación tras los incendios, que ralentiza la recarga natural de los acuíferos.

La organización ecologista ha remitido escritos a la Confederación Hidrográfica del Duero y a la Dirección General de Minas solicitando que se evalúe y supervise de manera urgente el estado actual y futuro de las aguas subterráneas en las zonas quemadas. Además, reclaman que se apliquen estrictos controles de calidad antes de conceder nuevas autorizaciones para su explotación comercial.

Actualmente, en las áreas afectadas existen dos proyectos en tramitación para aprovechar manantiales: la planta de Bezoya-Jamuz en Quintanilla de Flórez y el manantial de “La Borrazal” en Pobladura de la Sierra. Ecologistas en Acción sostiene que, tras los incendios, es probable que las condiciones con las que se otorgaron las declaraciones de Agua Mineral Natural hayan cambiado de forma sustancial, pudiendo quedar fuera de los parámetros legales exigidos.

La asociación invoca el principio de precaución y solicita que, hasta verificar la calidad de las aguas, se suspendan las actuales declaraciones de agua mineral y se paralicen los procedimientos de autorización de nuevos aprovechamientos. En caso de detectarse contaminación, piden que se revoquen las concesiones concedidas.