A casi un año de que el fraude saliera a la luz, las tres empleadas sospechadas de desviar fondos correspondientes al cobro de matrículas a los profesionales médicos dejarán de trabajar en el Ministerio de Salud en los próximos días. Este miércoles, siguiendo la recomendación del abogado sumariante, el ministro Matías Roby ha firmado la resolución en la que dispone su cesantía sujeta a exoneración. Al mismo tiempo, avanza la investigación penal a manos de la fiscal de delitos complejos Claudia Ríos.

Esto quiere decir que Mabel Cristina Rivero, Selva Fabiana Nieto y Etel Ivana Musri, que le habrían causado al Estado un perjuicio cuyo monto ascendería a los 2 millones de pesos, dejarán de trabajar en el Ministerio de Salud.

El motivo por el cual se ha tomado esta decisión es que existen pruebas suficientes para demostrar que las tres mujeres desviaron parte de los fondos que debían ingresar al estado en concepto de la venta de matriculas a los profesionales de la salud.

Según señaló el asesor de gabinete del Ministerio de Salud, Emilio Vazquez Viera, también se ha dispuesto darle copia de instrucción a la Fiscalía de Estado para que inicie las acciones tendientes a obtener el recupero del daño patrimonial causado a las arcas provinciales.

La investigación interna estuvo a cargo del abogado sumariante, Andrés Almada Serra, que luego de reunir pruebas tendiente a comprobar los hechos elevó un informe al titular de la cartera. En base a las sugerencias y opiniones del letrado, el ministro tiene la facultad de disponer la sanción.

Una vez firmada la resolución, se procede a notificar a las tres mujeres sumariadas, que tendrán un plazo para manifestarse en desacuerdo e incluso podrán presentar un recurso ante el gobernador Francisco Pérez. Esto es para que el jefe del Ejecutivo provincial confirme o no la decisión tomada por el ministro.

Una cuarta persona también está implicada en este caso de fraude contra el Estado, pero no tuvo que iniciarse un sumario interno en su contra debido a que trabajaba como contratado. Se trata de Federico Bosch, quien no formaba parte de la planta permanente, por lo que se procedió a rescindirle el contrato.

Cesantía sujeta a exoneración

De manera paralela al sumario interno, la fiscal de delitos complejos investiga penalmente la causa. Si bien en el Ministerio de Salud ya se ha dispuesto la cesantía de las tres mujeres implicadas, la sanción podría cambiarse a “exoneración”, si la justicia llega a demostrar su culpabilidad.

La diferencia radica en que una persona que ha sido cesanteada puede ser contratada por el Estado nuevamente, mientras que la exoneración no permite que esto ocurra.

Un escándalo millonario

El fraude que se estaba realizando en el área de matriculaciones del Ministerio de Salud saltó a la luz a principios de abril del 2013.

Una factura, aparentemente falsa, fue lo que desencadenó una investigación para determinar si, efectivamente, se había cometido un delito. Así lograron descubrir que cuando los profesionales y no profesionales acudían a tramitar o renovar su matrícula se les recibía la documentación, pero, contrariamente a lo que establece el sistema, no eran enviados a abonar el monto correspondiente a la oficina de Tesorería, sino que se les cobraba en el mismo lugar. Ahí mismo se les entregaba una factura falsa como comprobante de pago, lo que hacía que los estafados no cayeran en la cuenta sobre lo que estaba sucediendo en el lugar.

La investigación quedó en manos de la fiscal de delitos complejos, Claudia Ríos, que determinó como los principales ejes de la investigación la emisión de facturas irregulares y el cobro de montos que escapan al canon normal. Hace una semana señaló que se espera el resultado de las pericias caligráficas para proseguir con la investigación.

Los cuatro imputados llevaban cuatro años en Matriculaciones.