Seis días después de la reunión gremial que reunió a una treintena de policías retirados y en actividad y expolicías en un local de Villa María, el gobernador José Manuel dispuso la cesantía y separación de la fuerza de 23 de ellos. Se trata de once uniformados en actividad, once retirados y uno dependiente del Servicio Penitenciario.

En un comunicado de prensa, la Provincia invocó la “Ley Antimotines” Nº 10.187 que sancionó pocos meses atrás la Legislatura, como reacción política al acuartelamiento policial del 3 y 4 de diciembre de 2013. Las exoneraciones, que sorprendieron por la celeridad con que se tramitaron, el personal cesanteado dejará de pertenecer a la fuerza y perderá todos los derechos, salvo los previsionales. La primera lectura de la decisión oficial indica que De la Sota intentó dar una señal aleccionadora para abortar futuros intentos de agremiación. La medida ya había sido sugerida por el jefe de la Policía, Julio César Suárez, quien días atrás dijo que «patoteros y barras bravas no pueden ser policías»

La reunión sindical que desencadenó la terminante sanción fue convocada por la Asociación Gremial 7 de Agosto el sábado 28 de junio en Villa María. El titular de la entidad, que no cuenta con personería oficial, es René Zabala. En horas del mediodía, irrumpió en el lugar un grupo de oficiales comandados por el comisario de la zona, tras lo cual llegaron Suárez y el ministro de Gobierno, Walter Saieg. Todos los participantes quedaron detenidos a disposición del fiscal Gustavo Atienza, quien durante la tarde liberó a casi todos los agentes, menos a los tres miembros de la conducción, entre ellos Zabala. Éstos fueron imputados por “privación ilegítima de la libertad” y “resistencia a la autoridad” y permanecen en la cárcel de Bouwer.

Según el comunicado donde la Provincia oficializa el decreto de las cesantías, los participantes del encuentro incurrieron en “conductas de insubordinación e indisciplina” que afectaron el “prestigio de la institución”.

Además de recordar que la Ley Antimotines prohíbe al personal policial reunirse con motivos gremiales o sindicales, el Gobierno denunció que los ahora cesanteados “participaron de una posterior situación violenta, hostil y tumultuosa, avalando las agresiones físicas y descalificaciones verbales hacia los superiores que se apersonaron en el lugar”.

“Tales inconductas son consideradas una falta gravísima, ya que importan el quebrantamiento voluntario y deliberado de la sujeción al mando de las autoridades de la fuerza y al régimen jurídico y disciplinario a los que se encuentran sometidos, afectando el buen nombre y prestigio de la institución policial y Penitenciaria”, agrega el comunicado oficial de la Provincia.