Guinle recordó que reiterados proyectos de su autoría aprobados por el Senado Nacional alertaron por los incumplimientos del contrato de concesión suscripto con la empresa Aeropuertos Argentina 2000 correspondiente a los aeropuertos de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, y Esquel. El objeto central de dichos proyectos, fue el seguimiento de la realización de las obras comprometidas en el contrato de concesión, en virtud del cronograma previsto en la renegociación contractual de 2006, que contempla una serie de obras para cada aeroestación, con fecha tope para diciembre de 2012.

“Las respuestas del ente de control (ORSNA) ante los constantes reclamos han sido incompletas e insatisfactorias, toda vez que evitan dar precisiones sobre las cuestiones requeridas, ocultando en un fárrago y papelerío burocrático las evidentes demoras en las obras comprometidas y la falta de respuestas a los reiterados requerimientos de las comunidades chubutenses”, denunció Guinle.

“Esa actitud de ocultamiento, a través de informes que parecen redactados para limitarse a pasar de despacho en despacho con el mero agregado de sellos y foliados, no hace más que alimentar las continuas y reiteradas sospechas de connivencia entre los organismos estatales creados a fin de velar el cumplimiento de las concesiones y las propias empresas concesionarias”, acusó.

Para el legislador chubutense, “es absolutamente necesario replantear el papel que ha jugado el Estado desde aquella renegociación”. A tal efecto, reclamó una política activa de fiscalización para que las obras previstas para primer quinquenio estén finalizadas en el lapso más corto posible, siendo evidente a esta altura -tal como denunciara reiteradamente-, que el plazo límite de diciembre de 2012 no se cumplirá. “El propio contrato pone en cabeza de AA2000, la exclusiva responsabilidad de la ejecución del plan de inversiones en tiempo y forma”, remarcó.

En mora

En el caso del Aeropuerto Internacional de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, está aún pendiente la obra de ampliación del estacionamiento vehicular, el cual, a la fecha está absolutamente colapsado, tal como lo reflejara Crónica días atrás. Asimismo persisten falencias de infraestructura tales como la carencia de sanitarios en la zona de preembarque, la cual a su vez tiene un espacio limitado que no soporta más de un vuelo a la vez. El balizamiento es obsoleto, así como las falencias en lo que respecta a calefacción, capacidad del bar-confitería, limitado espacio en la zona de arribos y retiro de equipajes.

Por último, siendo un aeropuerto internacional, no posee una zona para almacenar cargas y equipajes que provengan de otros países, como así tampoco un embarque internacional, ni oficinas para aduana y migraciones.

El aeropuerto de Esquel, cuya pista fue recientemente repavimentada y tiene un nuevo sistema de balizamiento de alta intensidad, padece de significativas carencias en lo que respecta a la infraestructura para la atención de pasajeros y cargas. Tal situación, se puso en evidencia con el cierre del aeropuerto de Bariloche durante 2011, donde la aerostación funcionó bien en lo que respecta a la operativa aeronáutica, pero con serias limitaciones para brindar servicios a los pasajeros.

La misma situación sufre el aeropuerto El Tehuelche, de Puerto Madryn, el cual de por si tiene limitada su operatividad por carencia de un sistema de Radioayudas VOR, lo que se agrava por la falta de espacio para la atención de pasajeros, recepción de equipajes, cinta transportadora, etc.

EL ORSNA, en su momento, se arrogó la facultad de revisar el cronograma de obras anuales, “en función de las prioridades que presentan los aeropuertos y los recursos de que disponga la Concesión”, lo que debía hacer con serias limitaciones y cumpliendo formalidades que le marcaba el Decreto 1799/07.

“A la luz de los resultados, pareciera que en el último lustro sólo primó la disponibilidad de recursos del concesionario -por cierto una empresa a la que le ha ido muy bien económicamente- sobre las verdaderas prioridades de los aeropuertos. Esto debe cambiar radicalmente: el Estado debe jugar un papel muy activo, controlando el cumplimiento de lo pautado, y adecuando los compromisos de manera tal de asegurar siempre la atención de las prioridades de los usuarios, sobre las necesidades económicas de los grandes grupos empresarios. Nunca al revés”, enfatizó Guinle.