Un conjuez de Comodoro Rivadavia falló a favor de embargar las cuentas del Estado Provincial, en el marco del incumplimiento del acuerdo del Ejecutivo con la Asociación de Magistrados y Funcionarios, donde consta el compromiso de abonar un incremento salarial a jueces y funcionarios que les permita equipararse a la media patagónica.

Lo pactado fue una recomposición salarial del 40 por ciento en cuatro tramos de 10 por ciento en el lapso de dos años, venciendo en diciembre del 2013. La primera cuota se iba a pagar en julio de 2012 pero nunca se abonó. La medida de ejecución es sobre las cuentas corrientes del Banco del Chubut por un monto de $500 mil. Si bien al comienzo fue una acción colectiva, se le dio la libertad a los magistrados para actuar de forma particular. Según trascendidos, serían alrededor de quince las demandas impulsadas por los damnificados. Como son los jueces quienes forman parte de la demanda, la decisión habría recaído en un conjuez de la ciudad petrolera.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Leonardo Pitcovsky, en declaraciones a Radio del Mar, aclaró que en la denuncia no intervino el organismo sino que fue en forma particular por varios jueces y funcionarios, “lo que se llama una ejecución individual de la sentencia”.

Explicó que como la primera cuota no se pasó, “comenzó la ejecución de la sentencia por incumplimiento”. Cuando venció la segunda cuota “advertí esta situación y con la nueva comisión directiva nos reunimos (con los magistrados) y acordamos que íbamos a tratar de zanjar el conflicto con Provincia”.

Hubo más de una reunión con el fiscal de Estado, Blas Meza Evans, y con la ministro de Economía, Gabriela Dufour. “Hace dos meses hubo una oferta desde la Asociación, que renunciaba a un 50 por ciento de la deuda; iban a evaluar, dijeron que había voluntad de pago pero pasó el tiempo y no hubo respuesta a la propuesta. Por ende, los caminos legales continuaron su curso”. El juez comentó que desde la comisión directiva “nunca se cerró la negociación”.

Pitcovsky añadió que “hubo un momento en el que no hubo más diálogo” y “el conjuez dijo que deberían iniciarse las ejecuciones individuales o grupales de magistrados y funcionarios, tal se dice la resolución. Sin embargo, hubo otro grupo que se presentó para ejecutar individualmente esta sentencia y ocurre lo que procesalmente deviene lógico”.

“Me notifiqué hace dos días de que la Asociación como ente cesó en esta cuestión procesal; la sentencia está firme y comienzan las ejecuciones, pero por otro lado hubo un grupo de jueces y funcionarios que advirtiendo esto comenzaron con esta ejecución”. El paso siguiente es el embargo de las cuentas hasta que se pague la deuda.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Federico Ruffa, repudió el embargo interpuesto contra las cuentas provinciales a partir del reclamo presentado por varios magistrados. “Se está judicializando algo que corresponde que se resuelva políticamente, defendiendo privilegios, y con esto se ponen en riesgo los intereses de toda la comunidad”.

Ruffa también consideró “sugestivo” que este embargo se de luego de que el gobernador Buzzi criticara el accionar de algunos jueces. “En momentos en los que desde el Ejecutivo se hace un severo cuestionamiento y se insta a los jueces a trabajar, sugestivamente se produce esta medida que bien podríamos calificar de defensa corporativa”.

El subsecretario de Justicia estimó que “aquí hay un reclamo de índole salarial de un sector, que es algo que corresponde a todo trabajador, pero que es inédito que se judicialice como en este caso. Para colmo, quienes tienen que decidir son colegas de quienes reclaman, lo cual en definitiva constituye un privilegio que no tienen los demás”.

“Al tratarse de reclamos de jueces -aclaró - los que están dictando sentencias son abogados convocados para actuar de conjueces. Pero son abogados que después van a volver a ejercer su profesión y verse las caras con los jueces sobre cuyos casos dictaron sentencia, lo cual ya de por sí es un condicionamiento muy fuerte”.

“Pero lo más grave es que con esta medida se compromete la prestación de todos los servicios del Estado. El interés de algunas personas pone en riesgo a toda la comunidad, afectando las prestaciones de salud, seguridad y educación, entre otras. Incluso, si la situación se mantiene en el tiempo y este criterio se profundiza, eventualmente se puede llegar a ver comprometido el pago de los sueldos de los empleados públicos, porque los recursos necesarios están bloqueados por una decisión judicial”.

“Estos son los episodios en los cuales queda de manifiesto el por qué del debate por la democratización de la Justicia que se viene dando a nivel nacional”, sostuvo Ruffa. “Es inadmisible que una corporación sea capaz de ponerse por encima de los derechos de la comunidad y defender cerradamente sus privilegios”.

La Fiscalía de Estado, por instrucciones del gobernador, ya trabaja en la apelación de estas medidas. “Hay que tener en cuenta que el embargo se dicta un día antes del comienzo de la feria judicial, con lo que los tiempos se estiran”.

“Dado el riesgo que hay para toda la comunidad y la urgencia del caso, vamos a pedir la habilitación de la feria. El Ejecutivo evalúa iniciativas que tienen que ver con este tipo de situaciones, las cuales podríamos estar enviando a la Legislatura. Podría revisarse la ley de enganche”, reveló.