Economistas la definieron como "insostenible", políticos opositores hablan de "desprolijidad" y gremialistas exigen “frenar esta situación”. Como pocas veces, representantes de los tres sectores se pusieron de acuerdo y reclamaron poner mayor énfasis en el control del incesante ingreso de empleados públicos al Estado.

En dos años de la gestión de Francisco Pérez se crearon aproximadamente 6.000 nuevos cargos. Esto ocurrió pese a que las cuentas del Estado están en rojo y al compromiso del Gobernador -plasmado en un decreto- de congelar los ingresos. Pero la realidad indica que la planta estatal siguió creciendo a un ritmo acelerado ya que, desde 2011 al 2013, el incremento de trabajadores en la administración pública se acercó a 6%.

Por eso las críticas no tardaron en llegar. El economista Daniel Garro indicó que si bien es "un problema de larga data", los inconvenientes se acentuaron en los últimos años. "Lo que se está haciendo es crear desempleo encubierto. Se consideraría empleo genuino si los servicios mejoraran. Pero no sólo no mejoraron, por el contrario, empeoraron. Nada hizo que mejoren sustancialmente", señaló.

"Aumentar el gasto público siempre es inconveniente. Se genera un problema de flujo y el déficit se sigue agrandando", agregó Garro, quien dijo que la situación se hace "insostenible" y en un caso extremo, hasta puede provocar un default.

Otro economista, Sergio Papi, aportó una visión distinta de la situación. "Si bien es verdad que aumentó la planta de personal, el problema es que los empleados están mal distribuidos. Mientras en algunos sectores existen bolsones de gastos improductivos en otros, como el Judicial, falta gente", comentó en diálogo con El Sol Online.

"Hay que ver para qué se toma y dónde se toma personal. Para ello es fundamental el censo de empleados públicos", sostuvo Papi. Con ese registro el Gobierno intenta identificar "a cada agente en su lugar de prestación de servicios, Unidad de Gestión de Consumo y de Crédito, Unidad Organizativa y Jurisdicción; y cumplimiento horario y especificación de la/s tarea/s que realiza". Pero el trabajo está demorado y recién a mediados del presente año se conocerían los resultados.

La oposición política también se quejó. "El Gobierno de la Provincia a partir de 2008 produjo una incorporación de gastos corriente estructural (más de 26.000 empleados nuevos) que terminó por hacer zozobrar las cuentas provinciales", señalaron los radicales Juan Carlos Jaliff (senador provincial) y Martín Kerchner (diputado provincial electo) a través de un comunicado.

Los legisladores de la UCR además comentaron que, por el contrario, la obra pública quedó prácticamente paralizada y se aumentó la presión fiscal sobre las empresas. En este sentido, agregaron que desde el 2008 el Estado comenzó "un proceso de pérdida de calidad del gasto público, produciendo un incremento no proporcional del gasto corriente sin advertir las numerosas variables que comenzaban a ponerse en estado crítico y que impactarían sin duda sobre las arcas fiscales".

Por su parte, el senador demócrata Carlos Aguinaga calificó como "una trampa" el decreto 1 del año 2012 través del cual se prohibía el “incremento de la planta personal temporaria y/o permanente, y contratos de locación de servicios por parte de la Administración Pública Central”.

"Fue una trampa utilizada no para dejar de nombrar empleador públicos, sino para seguirlos nombrando, pero sin cumplir con la ley de concursos. Entonces las contrataciones siguieron como locaciones de servicios sin ningún tipo de limitación y esos contratados, con el paso del tiempo, pasan a forma parte de la planta de personal", dijo.

Por su parte, sindicalistas también hicieron oir sus quejas. "No se hacen concursos y entonces lo único que está sucediendo en el Estado es que hay una planta de cargos fuera de nivel, que son los cargos políticos, y de contratos que nadie conoce", indicó Raquel Blas, de la Asociación Trabajores del Estado (ATE).

"Si no le damos un corte definitivo a esto, se obliga a la realización de concursos para ingresar al Estado, se pone un límite a los cargos fuera de nivel y se prohibe el ingreso al Estado por contrato, la verdad es que no vamos a resolver nunca esto", añadió la líder gremial.

Mientras que la titular de Ampros, Isabel del Pópolo, también exigió la puesta en marcha de los concursos para controlar el ingreso de estatales. Y opinó que “el Estado se torna en un dador de cargos y después que se van los gobiernos todos quedan. La planta crece, y lamentablemente no crece a expensas de la eficiencia".