Dura respuesta de Pais al fiscal de Estado por su alusión a Somica

Dura respuesta de Pais al fiscal de Estado por su alusión a Somica

Lo desafió a debatir públicamente sobre Somica y la presentación que hizo por la quiebra de Noruzi.

El fiscal de Estado Carlos Bertorello, aparte de negarse a explicar la presentación que hizo ante la Justicia para desautorizar al síndico de la quiebra de Noruzi (Nogués-Rueda-Zitelli), le pidió al periodista de El Esquiú.com que le pregunten a Ana Soledad Pais, exfiscal de Estado del gobierno de Arnoldo Castillo "por Somica y los 1.000 millones”.

Ayer, la reconocida profesional y docente universitaria nos envió una respuesta que transcribimos textualmente:

"En relación con lo aseverado por el Dr. Carlos Bertorello, que se ha publicado en la edición de El Esquiú del 31 de mayo, sobre que ‘...se le hubiese consultado a la exasesora General de Gobierno Ana Soledad Pais Ahumada de Soria con respecto a Somica Dem y los 1000 millones’, debo manifestar que no entiendo a qué se refiere.

En mi actuación funcional como asesora General de Gobierno y fiscal de Estado, sí intervine en asuntos relacionados con la ‘Sociedad Minera Catamarqueña de Economía Mixta’, pero jamás con ‘1000 millones’ vinculados a esa empresa.

En lo referente a Somica DEM, en ambas funciones actué defendiendo irrestrictamente la Constitución y la legalidad, y propiciando que esa empresa estatal debía ser disuelta, liquidada, por los graves vicios de ilegalidad que se presentaron en su conformación.

Desde el inicio de la gestión del Frente Cívico y Social, junto con mi director de Asesoría de Gobierno, Roberto Urioste -que luego pasó a ser asesor General de Gobierno cuando se me designó fiscal de Estado-, enfáticamente y por una coincidencia plena desde el punto de vista de la Constitución y del derecho, sostuvimos que Somica DEM debía ser liquidada por el Estado Provincial, por tales defectos de antijuridicidad, habidos al constituirse esta sociedad, que había sido creada durante la administración del Dr. Ramón Saadi.

Se sumaba que durante la Intervención Federal, en forma irregular, se había adjudicado por contratación directa a la empresa Víctor M.Contreras la exploración del Cerro Atajo, aportado al crearse esta empresa por el Ejecutivo.

En este sentido, discrepábamos con otros sectores del Gobierno, que consideraban que podían ser enderezados tales vicios legales o incluso, privatizada la empresa. Siempre, en todo momento, tuvimos una postura estricta frente a este tema, con el respaldo incondicional del gobernador Arnoldo Aníbal Castillo.

Argumentos

Somica, al momento de constituirse, lo fue con graves defectos. Uno de los más importantes fue el aporte estatal que se realizó por decreto (364/89), que consistió en el yacimiento polimineralizado ‘Cerro Atajo’.

Al momento de dictarse ese instrumento no estaba valuado, y solamente se contaba con la valuación de una de sus muchas minas, llamada ‘El Carmen’.

Entonces, lo que se hizo fue aportar Cerro Atajo a Somica DEM, pero se le puso como valor el de la mina ‘El Carmen’, es decir, una maniobra ardidosa.

Indiscutiblemente se estaba frente a un proceder estatal absolutamente nulo, a lo que se sumaba la incompetencia del Poder Ejecutivo para disponer del yacimiento minero dado que por el artículo 110 de la Constitución Provincial, es potestad exclusiva de la Legislatura provincial "disponer la enajenación de las tierras públicas con el voto de dos tercios de los miembros presentes de cada cámara”.

Con posterioridad, estando Urioste como asesor General, y con base en su dictamen, el Gobernador dicta el decreto N° 429/97, que por tales vicios legales determinó que el aporte estatal a Somica era inejecutorio, y encontrándome en tales instancias como fiscal de Estado, procedí a promover junto a otros letrados del organismo una acción de nulidad o de lesividad ante la Corte de Justicia, solicitando se declare judicialmente la nulidad del referido aporte a Somica.

La acción se sustanció por expte. 25/98, caratulado ‘Estado Provincial c/Somica DEM Y Víctor M.Contreras s/Acción de Lesividad’.

Con fecha 21 de junio de 2002, se dictó sentencia por el tribunal, el que dispuso: ‘1) Hacer lugar a la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Estado, consecuentemente declarando la nulidad absoluta e insanable del decreto N° 364/89, correspondiendo la restitución al Patrimonio de la Provincia de la zona de investigación geológico-minera Cerro Atajo, debiendo modificarse las inscripciones registrales que se hubieren realizado en su consecuencia. 2) Con costas a cargo de la codemandada Minera Andina’.

Este fallo se encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada.

Esto es lo que le puedo explicar a la sociedad catamarqueña tras lo afirmado, enfáticamente, por el fiscal de Estado en mi contra en la referida publicación”.

Debate Público

"A todo evento, quedo a disposición de dicho funcionario para debatir públicamente mi actuación en relación con Somica DEM, como por supuesto, debatir sobre su actual presentación ante la Justicia pidiendo la nulidad de lo actuado por Fiscalía de Estado en la quiebra de la empresa Noruzi S.A., perteneciente al grupo Noruzi-Zitelli, a la que he cuestionado.

Creo que las ligeras aseveraciones del Sr. Fiscal en mi contra son una reacción emocional frente a las declaraciones que expuse ante los periodistas del diario El Esquiú.com y que se publicaron en la edición del día 29 de mayo.

Debiera de solicitarse al Sr. Fiscal, respetuosamente, que explique cuál es el beneficio para la Provincia de desistir del cobro de las acreencias reconocidas judicialmente a su favor contra la empresa Noruzi; o en caso de no poder explicarlo él, sería muy importante que algún funcionario del gobierno lo haga, para que la sociedad tenga en claro los procederes de los gobernantes.

La situación da la impresión de poner una bandera de remate al patrimonio del Estado Provincial, cuya recuperación se procuró siempre ante la empresa Noruzi.

Y a este beneficio, si no se le brinda una explicación o una justificación lógica , impresiona estar a favor de intereses espurios de hacerse ilícitamente de dineros públicos con la Obra del Siglo.

Tales intereses, a los que el vulgo común suele denominar ‘angurria’, y en el Diccionario de la Lengua Española se denomina ‘avaricia’, a pesar del tiempo que ha pasado, años, años, no ceden. Al contrario, parece que se potencian”, finaliza Pais.

Nota de la Redacción: Atento a la respuesta de Pais, lo correcto sería que Bertorello explique a la opinión pública a qué se refirió al momento de aludirla. El Esquiú pone sus páginas a disposición.

Comentá la nota