Se trata de los dueños de un hotel añatuyense, donde estaba alojada una pareja que pretendía adoptarlo y llevarlo a San Luis.
Según se supo, se les imputaron los supuestos delitos de privación ilegítima de la libertad y sustracción de menores.
En ese marco, es que la jueza del Crimen de Primera Nominación, María Teresa Gerez, ordenó ayer el allanamiento del alojamiento, medida que se concretó a media mañana.
En ese lugar habría permanecido alojada la progenitora de 24 años, contra su voluntad, según habría reconocido, luego de que diera marcha atrás con la decisión de dar en adopción a su hijito.
Allí también se habría encontrado el matrimonio, que reside en la provincia de San Luis, para realizar el trámite judicial de guarda con fines de adopción del recién nacido.
Como recién se estaba tratando de develar los entretelones de la supuesta maniobra, es que los funcionarios judiciales habían ordenado que el matrimonio foráneo permaneciera en la ciudad de Añatuya.
Sin embargo, no se lo había localizado en el sitio donde dijeron que estarían, motivo por el que se había dispuesto que la Policía los localizara y pusiera a disposición de la Justicia de la “Capital de la Tradición”.
Audiencia con la jueza
Calificadas fuentes judiciales confiaron que el bebé nació en una clínica de esta capital, mediante una operación cesárea el 14 de este mes, cuando estaba en el octavo mes de gestación.
Se lo inscribió con el apellido de su madre biológica y de inmediato se hicieron los trámites para iniciar la guarda con fines de adopción en el Juzgado Civil de Añatuya.
A través de dos abogados, se había solicitado la guarda el martes 18 y la jueza civil, Roxana Vera, había fijado la audiencia de partes para ayer.
La abuela de la criatura recibió una cédula notificándola de esa audiencia, por lo que concurrió a la Policía para denunciar la “extraña situación”, pues no habría sabido acerca del embarazo de su hija.
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