“Nunca más este Concejo Deliberante aprobará una excepción al Código del Planeamiento Urbano”. De esta manera, el edil alperovichista y presidente del bloque del PJ, Esteban Dumit, resumió el espíritu de la ordenanza aprobada en la sesión de ayer, la cual permitirá que los propietarios de inmuebles que cometieron infracciones al Código de Planeamiento Urbano (CPU) puedan enmendar las faltas y poder, de esta manera, obtener el certificado final de obra, luego de abonar un canon al municipio.

La ordenanza que fue avalada con el voto favorable de 15 concejales -los opositores Sandra Manzone (CC-ARI) y José Luis Avignone (UCR) votaron en contra- permitirá crear un plan para la regularización de obras construidas, en todas sus tipologías, en las que se hayan detectado o que hayan declarado transgresiones al CPU. La disposición tendrá una vigencia de un año y expirará en diciembre de 2014.

Si bien el proyecto de ordenanza del oficialismo fue ponderado por los alperovichistas y amayistas, Manzone criticó que el beneficio alcance para los propietarios de inmuebles que violaron en reiteradas oportunidades el CPU y que accedieron oportunamente a un plan de regularización. “La ordenanza terminará favoreciendo a todos los violadores seriales del Código de Planeamiento Urbano, como por ejemplo, la constructora Mas&Rovira. Porque, hasta la fecha, ya hay aprobadas ocho ordenanzas con las mismas características. La norma debería haber previsto que aquellas empresas que ya violaron el CPU sean excluidas de este jubileo”, planteó Manzone. “Pareciera ser que es más fácil construir de manera irregular y después pagar las multas. Se está desvirtuando una ordenanza que en principio era buena. Tampoco la ordenanza prevé crear una cuenta especial para que todo lo recaudado los cánones de regularización sean depositados en esa cuenta”, criticó.

El artículo 2º de la norma fija que los interesados en acogerse a la nueva reglamentación deberán presentar ante la Dirección de Catastro municipal la documentación técnica de la obra que deberá ser regularizada. Luego, Catastro analizará la documentación presentada y, luego de que se haya cumplido con las exigencias formales, la repartición municipal iniciará el trámite administrativo de regularización de la obra.

En cuanto al canon que deberán abonar las empresas en falta, el monto varía de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados con que cuente el inmueble en infracción. Así, se dispuso un canon de $ 2.500, para edificaciones hasta 200 m2, $ 8.000 para las construcciones de hasta 350 m2, y $ 20.000 pesos para edificaciones de más de 350m2. En este último caso, la Dirección de Catastro deberá analizar la documentación técnica presentada por el infractor. Luego, el expediente deberá ser remitido a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. El trámite finaliza cuando el expediente es remitido al Concejo Deliberante para su aprobación.

Los concejales del oficialismo resaltaron la iniciativa porque, según consideraron, posibilitará que miles de familias que no cuentan con las escrituras de sus inmuebles puedan regularizar su situación.

El amayista y presidente de la comisión de Obras Públicas, Oscar Cano, dijo que en la capital hay edificaciones que fueron construidas en la década de 1930 y que aún no cuentan con el certificado final de obra. “Esta ordenanza llevará tranquilidad a cientos de familias que podrán contar con el certificado final de obra. Ahora podrán escriturar y vender sus propiedades. Hay gente que se murió sin poder escriturar su departamento. Estamos dando una solución que beneficiará a muchos vecinos. Por eso no entiendo a algunos concejales de la oposición. Se oponen por el solo hecho de oponerse”, fundamentó Cano su voto favorable.

El alperovichista Ignacio Golobisky también ponderó el espíritu de la ordenanza y fustigó a las empresas constructoras que edifican a sabiendas de que violan el CPU. “Sabemos cuál es el modus operandi de estas empresas que estafan a la gente. Crean un fideicomiso y una administradora del consorcio y luego se desligan de la obra”, cuestionó el ex secretario de Prensa y Difusión del Poder Ejecutivo provincial.

A su turno, el presidente del Concejo, Ramón Santiago Cano, criticó a los ediles opositores que votaron en contra de la iniciativa oficialista. “Durante 10 años la oposición criticó que el oficialismo otorgaba excepciones al Código de Planeamiento y ahora cuando se le quiere poner un límite a las excepciones no están de acuerdo con la ordenanza. No se los entiende”, reprochó Cano.

Los opositores Claudio Viña (FR) y Roberto Ávila (PRO) votaron a favor del proyecto de ordenanza. “El proyecto es positivo porque le solucionará el problema a mucha gente. No se puede hacer oposición por la oposición misma”, criticó Viña a sus pares Manzone y Avignone.

En la sesión de ayer los ediles avalaron los decretos de designación de cuatro jueces de Faltas. Las vacantes fueron cubiertas por María Luciana Estofán, Jorge Washington González, Juan Domingo Vega, y Vicente Bellomío, quienes se desempeñarán en los juzgados de la IIª, IIIª, VIIIª y Vª Nominación, respectivamente. El pliego de otro postulante, Jorge Adrián Díaz finalmente fue rechazado.