El IOMA, la obra social de los empleados públicos y docentes bonaerenses, es un lugar donde suceden cosas muy extrañas. Por ejemplo, las autoridades del Instituto, en las últimas semanas, viene difundiendo un sistema de trazabilidad que, supuestamente, garantizaría la transparencia del suministro de prótesis a los afiliados, una actividad que desde hace años está sospechada de constituir una de las tantas cajas negras del organismo.
Ahora bien, no todo lo que brilla es oro. Muchos de los que conocen los tejes y manejes dentro del IOMA, en realidad, afirman que se trata de una pantalla. Y explican que la llamada trazabilidad “no existe”. En ese sentido, consideran que “no hay forma de saber qué tipo de prótesis se coloca a los afiliados si no hay auditorias de trazabilidad en el quirófano”. Uno de los principales cuestionamientos pasa, precisamente, por la falta de controles. Las llamadas auditorías de terreno, es decir, aquellas que se deben realizar con profesionales visitando clínicas, para chequear que se realizan las operaciones para colocar las prótesis, brillan por su ausencia. Además, existen sospechas de que algunas de las empresas que monopolizan el suministro de prótesis, estarían entregando insumos de una calidad inferior respecto a lo que luego termina pagando el IOMA. Las diferencias en los precios llegarían hasta el 400%.
Cabe recordar que en una nota publicada en febrero de este año por nuestro diario, se dio a conocer que los proveedores de prótesis estarían firmando un convenio muy controvertido mediante el cual una serie de firmas y entidades intermediarias se quedan con el 6% del valor de cada implante, por tareas administrativas y de auditorías que realizan entidades que aglutinan a las clínicas privadas. Los actores del negocio se estarían controlando a sí mismos.
El convenio en cuestión establece lo siguiente:
-El 2% del valor de la prótesis se debe destinar a la empresa Kotao SA para que lo aplique a la realización de las siguientes tareas: “recepcionar las solicitudes de insumos protésicos de las clínicas y sanatorios”, “evaluar la consistencia técnica y administrativa de las mismas”, etc.
-Otro 2% lo retiene la entidad encargada del pago, sobre los importes liquidados por los insumos provistos por la empresa a los establecimientos que representan, como contribución “por las tareas que deben desarrollar en la administración, recibo y control de las facturas que la empresa emitirá al Instituto y entregará en la entidad”. Se trata de un beneficio que se terminan quedando las asociaciones de clínicas, como Acliba, que están constituidas por los dueños de sanatorios.
-Se debe pagar otro 2% con destino a ser entregado a la ignota empresa Prestaciones RG SA para que “lo aplique a la realización de los servicios de Auditoría interna y externa, procesamiento de la información, análisis estadístico, análisis técnico-científico, análisis de los desvíos de consumos”, etc.

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