Los ministros de Hacienda e Infraestructura hacen cuentas y esperan por las señales que emanen las negociaciones de la Nación con los bonistas en Nueva York para tener claro en qué medida el ritmo de la obra pública se verá afectada, sea por cambios en las condiciones del financiamiento contraído o por demoras en los desembolsos planificados por parte del Tesoro nacional ante la obligación de pagar U$S 1.300 millones a fin de mes.

Aunque se tomarán un mes para evaluar la situación, desde el Ejecutivo provincial se preparan más para el segundo escenario, lo cual podría retrasar la ejecución pendiente de algunos proyectos viales como la doble vía a Tunuyán (con un 85% de avance), la ruta Pareditas-El Sosneado (35%) o el Paso Pehuenche, y descartan, en sintonía con los empresarios del sector, que la construcción de 2.200 viviendas anunciadas recientemente sea, al menos por ahora, variable de ajuste.

A la hora de enumerar, desde Infraestructura aseguran que algunas obras consideradas clave se mantienen a salvo, pese a todo. Entre ellas, el proyecto de la tercera vía del acceso Sur, preadjudicado con un presupuesto de $ 315 millones, que aún requiere la evaluación de impacto ambiental para su aprobación.

La pavimentación de 48 barrios de distintos departamentos, que aguardan $ 65 millones dentro del programa nacional “Más Municipio, Mejor País”, que lograron el aval definitivo el mismo día que en Nueva York el juez Griesa fallaba en contra de los intereses del Estado nacional.

Al respecto, el jefe de la cartera, Rolando Baldasso, diferencia a los proyectos que dependen de fondos nacionales, aunque admite que hay incertidumbre sobre el futuro del resto.

“No tenemos claro las medidas en función de la respuesta de Argentina al fallo. Hay que esperar a lo que suceda en las próximas semanas. En principio siguen igual, al menos la mayoría de los que depende de los fondos Soja pero puede haber algunas demoras respecto de los plazos iniciales, en el cierre de procesos y los desembolsos previstos desde la Nación, al igual que algunos obstáculos para acceder a nuevas líneas”, reconoció el funcionario, para quien “no hay mucho atraso” en los certificados de obra a liquidar.

El puente externo y las viviendas

Actualmente, la Provincia tiene varios contratos firmados para financiamiento externo del BID, que ya dio el OK para el programa Mendoza Tecnológica (U$S 50 millones para el traslado de Zona Franca, entre otros rubros) y también el enlace Cacheuta-Potrerillos ($ 304,7 millones, que se licitarán el 11 de julio con un plazo de 2 años de ejecución).

También con la CAF (Corporación Andina de Fomento) para el Paso Pehuenche, vínculos que, según interpretan desde el Gobierno, “tal vez por ahora no cambien”.

Ese “tal vez” puede convertirse en “no” o en un “sí”rotundos luego del martes 24, una vez que Baldasso viaje a Buenos Aires para actualizar el estado de los distintos proyectos que dependen del Tesoro nacional, sea con recursos propios o como tomador de crédito externo.

En el peor de los casos, exigirá renegociar condiciones con cada fuente en particular de modo de atenuar el impacto en la obra pública de Mendoza.

En cuanto a la vivienda, un factor sensible, Baldasso desecha que sea variable de ajuste y, puntualmente,  sobre cambios por parte de la multinacional china CCCC para solventar más de 6 mil unidades habitacionales “porque es parte de acuerdo entre naciones, que ya fijaron tasas de un dígito dentro de un cupo de intercambio”, como también se utiliza con el Bndes de Brasil.

Una prioridad es evitar que eventuales restricciones financieras traben la evolución de los futuros barrios que prometió el gobernador Pérez: 2.200 nuevas viviendas, previstas con recursos de la Ucofin (Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura) y también externos, de la CAF.

De hecho, el Gobierno ya le puso fecha a la licitación de las primeras 1.700, cuyo llamado empezará a publicitarse el domingo 29 de junio.

Frente a todo, el ministro reflexiona: “sin pecar de pesimista ni de falso optimismo, así tampoco es fácil para el país proyectar el futuro”.

El mercado automotor

Las necesidades fiscales y de dólares por parte del sector público son un obstáculo para que el Gobierno modifique las políticas tributarias y comerciales en la industria automotriz, en especial ante el actual contexto de caída de la demanda externa, evaluó ayer la consultora Ecolatina.

Por ello, los especialistas de Ecolatina admitieron que “los esfuerzos para reactivar la actividad deberán venir entonces por otros canales”, sin modificar la política oficial en materia tributaria y/o comercial externa.

Ante la presente situación externa se prevé una continuidad de las restricciones del Banco Central para entregar dólares al sector importador.