A pocos días del encuentro entre el gobernador Sergio Urribarri y los tres obispos de Entre Ríos, trascendieron más detalles, tanto del encuentro como de las estrategias para combatir el avance de las drogas.

“No es lo mismo trabajar con uno o dos juzgados (federales) en el territorio provincial que hacerlo con cientos de juzgados", se escuchó decir al ministro de gobierno, Adán Bahl.

Bahl sacó a relucir que hace ocho meses el gobierno provincial inició gestiones ante la Justicia Federal para avanzar en un trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad provincial y nacional contra el narcotráfico.

“El gobernador (Sergio Urribarri) nos permitió dar detalles de la charla que hemos tenido con el jefe de los fiscales de la Justicia Federal (Fiscal General Ricardo) Álvarez, a la que también nos acompañó el Procurador General (de la justicia provincial, Jorge García), con la idea de trasladarles una propuesta de integración de nuestras fuerzas de seguridad con las fuerzas federales, pero que indudablemente tienen que ser coordinadas por la Justicia Federal que tiene la competencia en este tipo de delitos”, explicó el funcionario. La postura guarda similitud con lo que estableció hace seis años la Legislatura provincial votando la adhesión a la ley nacional Nº 26.052, pero cuya vigencia está suspendida por decreto.

Según contó, la propuesta “fue bien acogida y elevada a las autoridades judiciales nacionales, por lo que a la brevedad tendremos alguna respuesta. El gobernador por su parte lo tomó para hablarlo con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó y de esa manera maximizar la tarea que individualmente hace Gendarmería, la Policía Federal o la policía provincial, bajo la conducción del fiscal federal”, agregó.

La adhesión a la ley nacional Nº 26.052 votada por la legislatura seis años atrás, que habilita a la Justicia y a la Policía provinciales a combatir el narcomenudeo o microtráfico, tiene su vigencia suspendida por el mismo decreto de promulgación (N° 4387, de agosto de 2007), con el argumento de la falta de fondos para ponerla en práctica, pese a que la norma nacional establecía un mecanismo de remisión de aportes nacionales.

El titular de la cartera política recordó el caso: “Justicia planteó que eso no prospere y no prosperó, por eso es importante que el trabajo sea acordado”, remarcó, aludiendo a la fuerte postura del Poder Judicial entrerriano para que la ley de adhesión provincial no entrara en vigencia.

Sin embargo, adelantó un guiño favorable a retomar ese mecanismo, tal como ha sido planteado en la Cámara de Senadores durante las últimas semanas. “Hay que utilizar todas las herramientas que existen. Lo importante es que esta iniciativa, que involucra plenamente a la Justicia provincial, surja del consenso para que el trabajo sea lo más efectivo posible”.

Y agregó: “No es lo mismo trabajar con uno o dos juzgados (federales) en el territorio provincial que hacerlo con cientos de juzgados. Hoy, cuando tenemos una situación de drogas, tenemos que comunicarlo a la Justicia Federal, que habitualmente nos pide un estado de sospecha, que lleva entre dos y seis meses hasta que se otorga la orden de allanamiento y se puede abordar el tema. Si tuviéramos muchísimas más herramientas para esto, las cuestiones saldrían de manera más fácil y efectiva”, remarcó.

El ministro Bahl reconoció que los obispos se mostraron preocupados, no solo por el avance del narcotráfico, sino también del creciente consumo de alcohol y de la proliferación de las salas de juego. Del mismo modo, reconoció que el ataque al narcomenudeo, es decir a la venta de pequeñas cantidades de droga en los barrios de las distintas ciudades entrerrianas, es una de las principales demandas de la ciudadanía.

“La droga avanza y los problemas avanzan. A veces las investigaciones tienden principalmente a buscar a los grandes narcotraficantes, pero la gente está irritada por el que vende droga en la esquina de la casa. Nos dicen que todo el mundo lo sabe, que la Policía lo sabe y que nadie hace nada. Y nosotros tenemos que explicarle sobre el funcionamiento de la Justicia y lo del estado de sospecha, y la gente dice qué no les importa lo del estado de sospecha, sino que quieren que alguien haga algo”, explicó el ministro.

Por eso Bahl señaló que deben buscarse “nuevas metodologías” en la lucha contra el tráfico de drogas. “A la gente que reclama protección no se le pueden dar explicaciones con formalismos legales o sobre división de jurisdicciones. Todos tenemos que asumir más tareas y más compromisos”, remarcó, según informa Uno.

Bahl reconoció que también el gobierno debe implementar mayores controles sobre el lavado del dinero. “Hay que dificultar todo lo que tiene que ver con el lavado del dinero. Estamos trabajando con la ATER y el Registro de la propiedad. Son tareas preliminares que para que tengan valor probatorio en un eventual juicio tienen que estar conducidas por la Justicia; por los fiscales de acuerdo al esquema del nuevo Código Procesal, que son los que tienen que investigar”, agregó.

Por su parte, el obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, planteó: “Nos preocupan varios tipos de conductas autodestructivas en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Algunas tienen que ver con niños que se inician en el consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas y esto incide también en una mayor cercanía con el consumo de drogas. Además, la adicción al alcohol a veces genera en los adultos conductas de violencia familiar y la adicción al juego compulsivo hace que muchas veces familias de escasos recursos terminen gastando lo poco que tienen en algún tipo de oferta de juego”.