A través de un proyecto que tomará estado parlamentario en la sesión legislativa de hoy, el diputado actuarista Juan Sansó busca que la Justicia local intervenga en los llamados casos de delitos menores relacionados con la droga. Actualmente, las causas por tráfico de estupefacientes están en la órbita de la Justicia Federal pero, con la sanción de una norma, las provincias pueden disponer su actuación en aquellas situaciones de comercialización para consumo personal. El autor de la iniciativa sostiene que la lucha contra el flagelo “será más eficaz” porque participarían los jueces provinciales, mientras que los grandes casos, que involucran a los llamados “capos” de la droga, seguirían en el ámbito de la Justicia nacional.

No es la primera vez que en San Juan se habla de “desfederalizar” los delitos menores vinculados con la droga. En noviembre del año pasado el tema salió a discusión, aunque los sectores involucrados no mostraron intención de avanzar.

Ahora, el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, no contestó los llamados de este diario. Pero en esa ocasión, ya había adelantado su opinión en contrario y expresado sus observaciones (ver aparte).

De lo que se trata con la modificación es de quitar sólo de la esfera de la Justicia Federal los delitos vinculados con la venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía, pasando a ser competencia de la Justicia provincial aquellas acciones delictivas donde se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo. Provincias como Buenos Aires, Córdoba y Salta ya han hecho la modificación y sus jueces ya intervienen.

Ahora, el tema surgió luego de que el juez Federal Leopoldo Rago Gallo, que es el único en San Juan que interviene en causas de tráfico de estupefacientes, dio a conocer el alarmante crecimiento de los casos, que cada vez son chicos de menor edad los que empiezan a consumir y hasta mencionó que el lugar donde hay mayor presencia de droga es en la cárcel de Chimbas.

Fuentes del Poder Judicial no ven con buenos ojos el cambio que propone el legislador porque, entre otras objeciones, mencionan que no se establece un tiempo mínimo para capacitar al personal que intervendrá en los casos, no se contemplan estructuras especiales, como juzgados y fiscalías, y tampoco se menciona la instalación de laboratorios de toxicología. Además, habría que analizar si existe o no capacidad ociosa en los juzgados penales existentes como para absorber esta nueva competencia. Pero, el mayor problema radicaría en que antes de pensar en el cambio haría falta que la Provincia se asegure la transferencia de fondos nacionales para poner en marcha la nueva estructura.

En el equipo del diputado Sansó sostienen que avanzar con la idea agilizaría el tramite judicial y la daría la debida trascendencia social a la venta llamada “al menudeo” de estupefacientes, permitiendo a las fuerzas de seguridad actuar en forma inmediata, desburocratizando el trámite que apunta a evitar que ese acto se repita en desmedro no sólo del consumidor, sino también de quien vende para sostener su adicción convirtiéndolo también en víctima.