"Esta es una cuestión que arrancó en 2011 cuando sonaba mucho la cuestión del proyecto del dragado del canal interior hasta cuatreros para la instalación de una regasificadora, presentado el proyecto por la UTE de Enarsa con YPF. Esta agrupación solicitó una medida cautelar con el fin de reclamar para evitar que se profundizara el canal interior y, de algún modo, buscar que no se realice aquel proyecto", indicó Borelli a CAFEXMEDIO.

El funcionario local explicó que los "fundamentos intentan también atacar lo que sería el dragado del canal principal y el dragado de los sitios, cosa que ahora la han revertido, ya que se cree que, si se evita el dragado y la profundización hasta Puerto Galván, es imposible que se profundice más adentro".

"Ahí se inicia el expediente, esa cautelar fue denegada y la cuestión siguió su curso. ¿Quién puede imaginar que el puerto no hubiera hecho todo lo necesario y contara con todas las aprobaciones necesarias para seguir adelante con el proyecto?. Sería hasta torpe pensar que el puerto no contaba con las tranquilidades y seguridades de tener todo aprobado. El OPDS, en 2009, autorizó la obra", sostuvo.

Además, comentó que, "cuando viene la inminencia del dragado de profundización esta organización la reactiva, ya no discutiendo el dragado de mantenimiento sino bajo argumentos que veremos cómo trabajan los abogados del OPDS y del Consorcio respecto de la apelación que se presentara".

"Para la realización de esta obra se hizo, como siempre, una licitación pública. Después de eso, por razones de que las ofertas habían tenido condicionamientos, se produjo un fenómeno de impugnaciones cruzadas y, a partir de allí, el reglamento de contrataciones del consorcio, que existe desde el año 93, faculta a la entidad. Esta cuestión fue planteada solo mediáticamente por algunos de sus representantes intentando fundar por afuera del expediente el argumento", expresó.

"Los ambientalistas, en primer lugar, argumentan una cuestión de tecnicismo administrativo que es que en determinado momento la jueza en lo correccional solicita a OPDS que le remita el expediente por el cual dictó aquella resolución del 2009. El OPDS, en agosto del 2012, le remite el expediente según su hoja de ruta administrativa y, por razones que tal vez no descubramos, nunca llegó el expediente", remarcó.

Borelli afirmó que el dragado, en este momento, está parado porque la jueza otorgó un plazo de 20 días para hacer los preparativos de su detenimiento y agregó que lo "que tiene que quedar en claro es que es una inversión millonaria en dólares, que no es de 120 millones. Hay un contrato de 70 millones por 5 años para el mantenimiento de los 45 pies de calado y hay un contrato de 50 millones por la profundización".

"Cualquiera tiene el derecho de hacer este tipo de planteos a lo cual yo solamente le censuro una cuestión temeraria en la cual dicen que lo que quieren evitar es el volcado de los refuglados en este territorio cercano a la planta de Esso porque dicen que eso contiene barros contaminados. No hay ninguna constancia de que esto sea así. Todos los análisis hechos por los organismos competentes no muestran un resultado de contaminación por encima de los índices habituales y permitidos en los estándares internacionales".

"Es fácil decir que está contaminado, el tema es que hay que probarlo", enfatizó.

"Independientemente de eso lo que se intenta detener es justamente ese volcado, que los técnicos han resuelto que era el mejor lugar para poder depositar parte del dragado de profundización porque el dragado de profundización se da en diferentes lugares del canal y los recintos preparados no es solo al lado de ESSO, hay otros lugares más afuera del estuario y dentro de la propia ría. Este tipo de planteos son un derecho legítimo pero hay que hacerse cargo", puntualizó.

Para finalizar, explicó que "la jueza le reclama una caución curatoria en la que invita no solo a los miembros de la organización sino también a sus abogados patrocinantes, para que la contracautela para una cuestión de este tipo la suscriban y se hagan responsables de los eventuales perjuicios económicos si la medida no prospera porque sino cualquiera puede hacer cualquier planteo y no hacerse cargo de sus consecuencias si en última instancia no tuviera razón".

"Hasta donde estoy informado, que puedo estar desactualizado, esa caución curatoria todavía no había sido firmada porque eso puede implicar una responsabilidad patrimonial muy fuerte para los que llevan adelante la cuestión", finalizó.