“Trabajamos” es el nombre del buque pesquero botado el sábado último en el Astillero Naval Federico Contessi y Cia SA. El bautismo de la embarcación número 117 tuvo un contexto diferente al de los anteriores ya que el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata le reclama a la entidad una deuda por 3,6 millones de pesos y la intimó a restituir el predio que ocupan en el puerto local.

El buque fue construido sin pedidos, con el objetivo de mantener ocupado al personal del Astillero ante la crisis que padecen la pesca y la industria naval, hace más de un año, a la espera de un comprador. Su madrina fue Nilda Ramona González, encargada del comedor comunitario “Ilusión de los niños”. Actualmente el Astillero se encuentra terminando el “Trabajamos II” y “Seguimos trabajando”, que tampoco tienen dueño.

Al iniciar su discurso, Contessi recordó que “han pasado 19 meses de nuestra última botadura, uno de los períodos más largos y más duros que hemos transcurrido sin hacer este tipo de actos de trabajo”, y entre las razones destacó que “la crisis de la flota fresquera nos ha golpeado fuertemente. Se interrumpió la cadena de pagos y se paralizaron los proyectos de inversión”. Sin embargo, en este contexto desde el Astillero ratificaron su voluntad de “seguir trabajado, aún sin pedidos”. “Pero todo este esfuerzo tiene un límite, el cual no está impuesto por nuestra voluntad de seguir adelante, sino por nuestra capacidad financiera”.

“Como si todo esto no fuera suficiente para mantenernos ocupados y muy preocupados, en marzo de este año recibimos el golpe de gracia: el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata nos intimó al pago de una deuda totalmente sobrevaluada y además nos pidió la restitución del predio que ocupamos desde hace 50 años”, recordó el representante del directorio del Astillero.

“Hemos intentando todas las gestiones posibles para revertir tan injusta y arbitraria medida, pero pese a la voluntad explícita que manifestó el gobernador (Scioli) de resolver nuestra problemática, nos hemos encontrado con algunos actores de reparto que no lo han comprendido y por ello no pudimos arribar al anhelado acuerdo”.

Seguido, Domingo Contessi recordó que el astillero funciona desde 1949, y en 1963 “se solicitó al Ministerio de Obras Públicas de la Nación los terrenos que hoy ocupamos y que eran tierras anegadas, sin servicios, sin pendiente, linderos al mar pero sin acceso al mismo”. “Todo lo que vemos y lo que no vemos fue construido con mucho esfuerzo y fondo propios”, continúo y destacó que “somos una firma que puede mostrar una foja histórica intachable en materia de pago de impuestos y salarios en blanco”.

En este contexto, “hablar de desalojarnos es una falta de respeto a la historia y a la razón. Aquí se están vulnerando derechos innegables, reconocidos contractualmente y se han cometido arbitrariedades en este afán confiscatorio, o al menos intimidatorio que han tenido algunos actores de reparto”, disparó.

Sobre el conflicto, Contessi señaló que “desde el primer permiso de uso de suelo de 1963 y en las sucesivas renovaciones se estableció una cláusula especial en nuestros contratos que decía que todo lo construido en estos terrenos fiscales es propiedad del Astillero y que en caso de restitución del predio deberíamos devolverlo libre de obras y mejoras, en el mismo estado que lo recibimos originalmente. Esto mismo rezaba nuestro último contrato vigente”.

Al vencer este contrato en 1997 “nos encontramos que por el hecho que el puerto de Mar del Plata había pasado de la esfera nacional a la provincial se pretendía que para firmar el nuevo contrato consintiéramos que todo lo construido le pertenecía ahora al Estado”.

Junto con esto, el Astillero fue notificado de un aumento en el canon convirtiéndose “en el más elevado de todo el puerto de Mar del Plata”. “El nuevo cuadro tarifario aprobado por un Decreto Provincial de 1994 (modificado en 2007) establecía que además de pagar un valor por metro cuadrado había que adicionarle un 6% en concepto de valuación inmueble, en este caso por sobre obras que nosotros mismos habíamos realizado y pagado”, continúo el empresario y agregó: “Curiosamente el Consorcio Portuario que no está obligado a utilizar esta normativa tan anti-inversionista, ya que está facultado para dictar su propio cuadro tarifario, la aplica por analogía”.

Otro aspecto mencionado fue que “el Consorcio asume que la titularidad de las obras y mejoras construidas en este predio fiscal, ya fue resuelta por no haber impugnado el Astillero una disposición del 2002. Pero esa disposición no dice nada de eso, por ello nos vimos obligados a recurrir a la justicia y solicitar una acción declarativa de certeza, la cual está en trámite”.

DE 700 MIL A 3 MILLONES

Según se detalló en los últimos 17 años se realizaron propuestas para solucionar esta problemática sin dejar de pagar el canon por uso de suelo. No obstante desde el 2007 “el Consorcio nos comenzó a aumentar el canon unilateralmente y pese a no facturarse la valuación inmueble el importe por metro cuadrado que se nos imponía era muy superior al de otros permisionarios vecinos y colegas, por ello presentamos distintos recursos administrativos y judiciales y comenzamos a pagar un canon a cuenta. Esta diferencia entre lo que se nos facturaba y lo que pagábamos fue generando una deuda, injusta pero reconocida”.

“En marzo de 2013 esa deuda ascendía aproximadamente a 731 mil pesos y así lo ha informado en un documento interno del propio interventor del Consorcio a la Subsecretaría de Actividades Portuarias. Sin embargo, pocos días después, el mismo funcionario nos intima a pagar la absurda suma de 3,6 millones de pesos. Eso sí, nos anuncia que abonando dentro de los 10 días no harían un descuento del 50%. Sinceramente a todo muy poco serio”.

Para alcanzar esta diferencia “se nos calcularon intereses usuarios y diferencias de cambios hasta llegar a una tasa efectiva desmedida, se nos liquidaron conceptos como la valuación inmueble que nunca nos fueron facturados y de manera retroactiva al 2008, en base a una valuación de diciembre de 2010, se omitieron pagos efectuados por el astillero, entre otros”.

Luego de recordar que el interventor del Consorcio podría justificar su accionar diciendo esto vendría del anterior Directorio, se señaló que tuvo tiempo de “informarse con mayor precisión”. “Esa resolución fue impugnada hace más de cinco meses y aún se guarda absoluto silencio, pero ya se nos anticipo informalmente que nuestra impugnación será rechazada”.

“El conflicto que aqueja a este Astillero no es un problema de tarifas, no es un problema de dinero. Es un problema de derechos, un problema de inequidades, un problema de principios”, resaltó Contessi y añadió: “No podemos consentir que se nos intente expropiar sin indemnizarnos; que se vulneren nuestros derechos de propiedad; que se nos castigue con la tarifa más alta por haber cometido el pecado de haber invertido; que se nos facture actualmente un canon impagable”.

Al finalizar su discurso Contessi afirmó: “Señor gobernador, señor intendente, confiamos en ustedes. Sabemos que esta realidad que estamos padeciendo no ha sido pergeñada ni propiciada por ustedes, sino todo lo contrario. Estamos seguros que son hombres de buena fe, coherentes y derechos, por lo que sabrán encontrar los mecanismos adecuados para corregir la triste situación que estamos padeciendo”. “Lo que hemos hecho hoy es decir ¡basta! Aquí estuvimos a lo largo de cincuenta años, estamos hoy y queremos seguir estando. Nunca nos negaremos a pagar una tarifa, impuesto o contribución que sea justa y equitativa. Por ello, aquí seguiremos trabajando a la espera de una solución…o de que nos vengan a desalojar”, completó.