La presentación se hizo ante el director del área social, Gustavo Otero, e incluyó el listado de beneficiarios que originalmente estuvo anotado desde hace por lo menos tres años y medio atrás. Ese padrón debe ser certificado con el listado de aspirantes que tiene que remitir a su vez el municipio. "Romera nos quiere meter su gente porque dice que si las asignan a nosotros no le quedan viviendas para que él disponga a su criterio", denunciaron antes de iniciar el contacto oficial.

Necesitaron de la intermediación del secretario gremial, Pedro Bichara, para llegar a Otero quien les prometió que esperará el envío de nombres en carpetas individuales que debe hacer el jefe comunal andino para cotejar si quedan afuera o no.

Manifestaron su preocupación porque "nunca el intendente hizo un llamado público a los preadjudicatarios y muchos (de los que no son docentes) entraron por debajo del escritorio del intendente".

Cuestionaron la falta de cumplimiento de lo establecido por el Concejo Deliberante en ese sentido y dentro de toda la gama de acuerdos paritarios que el gremio docente tiene a nivel provincial con el gobierno. La delegación estuvo encabezada por la secretaria local de Unter, Patricia Mon Avalle, e integrada por Iris Abarzúa, Silvia Tomchinsky, Daniel Marchisio, Jorge Olivieri y Carlos Luna; entre otros.

En este tipo de emprendimientos deben participar los municipios en la confección de listados en virtud de que por lo menos en 14 comunas, los planes de viviendas tienen acuerdo municipal y de sus concejos deliberantes como consecuencia de la cesión de tierras fiscales. En la provincia, la Unter lleva acordadas unas 250 unidades habitacionales con el organismo de vivienda.