Durante la sesión de ayer, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la ampliación del presupuesto para el actual ejercicio en 8 millones de pesos. Los concejales dejaron asentado de manera explícita que las partidas fijadas en la ordenanza, 5 millones para el Departamento Ejecutivo y 3 millones para el Concejo Deliberante, se podrán utilizar únicamente para el pago de sueldos.

En tanto, el Estatuto del Docente Municipal se aprobó en general por unanimidad, en medio de los aplausos de los maestros presentes. La oposición votó en disidencia respecto de un artículo que establecía que el salario puede estar compuesto por una suma remunerativa no bonificable de hasta un 30 por ciento sobre el básico. Desde la oposición pretendían que todo el sueldo sea remunerativa y bonificable, además de que se actualice de acuerdo al índice de inflación. Pero su propuesta no encontró eco en la bancada oficialista.

En el Estatuto del Docente Municipal se estableció que el personal docente titular tendrá derecho a la estabilidad en el cargo concursado, jerarquía, ubicación y destino, mientras se observe una conducta que no afecte la función y la ética. "Las designaciones que se realicen con carácter titular del docente se harán durante un período fijo anterior al lectivo. Estas designaciones se harán priorizando a los aspirantes que no posean cargo titular, interino o suplente", establece uno de los artículos.

El Estatuto era un viejo reclamo de los docentes que prestan servicios en los establecimientos que tiene el Municipio de San Miguel de Tucumán, los jardines Semillitas y Querubines y las escuelas Gabriela Mistral y Alfonsina Storni.

Además se prorrogó una ordenanza que autoriza al Ejecutivo a contraer créditos con la provincia por hasta 25 millones de pesos anuales, en efectivo o Consadep, ya sea para obras públicas, salarios o deudas judiciales.

José Costanzo y Claudio Viña votaron en contra y argumentaron que en cuatro oportunidades se habilitó el mismo mecanismo, sin que el intendente Domingo Amaya responda los pedidos de informes para conocer si se utilizaron y de qué manera las líneas crediticias.