En el marco de la conmemoración por el Día de los Derechos Humanos, y los 30 años de la recuperación de la democracia, se llevó a cabo la movilización en repudio a la criminalización de la protesta, de manera que Carlos Magno secretario General de la Regional Sur de ATECH, sostuvo que el significado de democracia no solo debe vincularse a la posibilidad de participar en el sistema electoral, sino que también se abarcan otro tipo de concepciones.

En torno a eso, Magno consideró que otro aspecto consiste en “la lucha contra la criminalización de la protesta porque entendemos que eso es una política de los gobiernos por lo que ha optado para acallar, frenar y tratar de paralizar a los trabajadores, ciudadanos y organizaciones, cuando tienen la necesidad de manifestarse porque a través de las denominadas vías formales no se han atendido los reclamos” expresó el referente de la Regional Sur de ATECH, quien también indicó que en Argentina se estima alrededor de 5 mil procesados por manifestarse y haber sido imputados por algún artículo del código penal, “en nuestro caso, el artículo 194 que habla de la circulación del tránsito”.

Respecto a la causa que involucra a los dirigentes del gremio docente, Magno sostuvo que ante el pedido de nulidad presentado a la jueza federal Eva Parcio, esta “se ha expedido sin desarrollar el argumento, calificó el acuerdo firmado con el gobierno, el habeas corpus que habíamos presentado ante la justicia federal para que se nos informe si estábamos siendo investigados. Los calificó como no vinculados a los hechos que la causa conlleva”. Por tal motivo, consideró que la jueza debería de dar explicación ante la sociedad en torno al modo en que se administra la justicia.

Por el momento, desde el gremio se espera por diez días hábiles, la respuesta por parte de la justicia, “si va a hacer el pedido de nulidad, lo va a pasar a archivo, va a declarar la falta de mérito, o si nos va a procesar” expresó Magno, quien cuestionó la falta de atención al contexto social de la protesta, de modo que “creemos que los otros integrantes del gobierno, ya sea del poder legislativo o ejecutivo, tiene la obligación de comunicarse, y plantear para la reflexión de quien tiene que tomar una decisión en el marco de sus atribuciones de administrar justicia, que tome una decisión acertada o adecuada al contexto en el que se produjeron los hechos”.

Finalmente, se recordó que el jueves se hará un paro por 24 horas en solidaridad por los trabajadores de Las Heras, debido a que la causa “afecta al derecho de todos los trabajadores, en principio de los docentes, pero también de todo trabajador, ciudadano o vecino de la ciudad que si estas causas siguen sumándose, se afecta el derecho principal de la democracia, y que es el de manifestarnos. Si no, cualquier vecino que salga a reclamar a la calle, le van a imputar este tipo de delitos que no son delitos”.