El pedido de informe tiene que ver con la previsión que la propia ley de inclusión educativa, 6329, establece para "la realización de un trabajo de diagnóstico por parte del Ministerio de Educación, en base a la información social disponible" y para "la convocatoria a organizaciones estatales y no gubernamentales a los efectos de la presentación de programas". El legislador sostuvo que "la norma prevé un plazo de 90 días a partir de su sanción para dar cumplimiento a ese punto".

Recordó además que la ley de inclusión educativa establece una inversión de no menos del ocho por ciento del Fondo Educativo Provincial "para la creación de un sistema provincial de becas unificado que restituya a los sectores más vulnerables el derecho a la educación" y "prevé mecanismos de consulta y participación para concretar políticas de alfabetización exitosas, teniendo en cuenta que los sujetos prioritarios de esta norma son las personas mayores de quince años que no sepan leer ni escribir, las personas con discapacidades temporales o permanentes; las peronas, en particular niños y jóvenes, que por su situación de vulnerabilidad económica y social no puedan permanecer o culminar los estudios, y los pueblos originarios de nuestra provincia. La importancia del diagnóstico que tiene que hacer el ministerio está vinculada a la jerarquía del bien social sobre el que se legisla".

En desacuerdo con descuentos a docentes

Por otra parte el legislador se mostró "preocupado y en desacuerdo" con el anuncio de descuentos a docentes, y señaló que "el artículo 30 de la Constitución Provincial establece el derecho a huelga de los gremios, y el apartado B-2 del decreto 1217/91, que reglamenta el Estatuto del Docente, considera como trabajados los días de paro que no fueron declarados ilegales".