Por una denuncia concretada por docentes en actividad, que ingreso a la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, recibió a María Esther Armoa; Marcela Benítez, Carmen Cedrolla; Graciela Edith Ruiz Díaz; Alba Liliana Toñani, y María Fernanda Villa,; “quienes describieron pormenorizadamente al funcionario provincial que con posterioridad a la toma de la Escuela Provincial Nº 335 “Juan Carlos Arévalo”, del barrio Namqom, en el mes de julio y agosto aproximadamente del presente año.
Dijeron que en su momento se procedió mediante una Resolución del Ministerio de Cultura y Educación, a abrir un sumario para investigar los hechos ocurridos dentro del establecimiento y en el cual “nunca se imputo ni denuncio a docente alguno”, para posteriormente dictarse otra Resolución que aparto del cargo a la Directora Cardozo Elvira, quien fue la que presento a las damnificados una abogada, que las salvaría de los supuestos Sumarios y Denuncias existentes en su contra
Relataron que allí es cuando interviene la doctora Clarivel Erguy – M.P Nº 1.085 del Consejo Profesional de la Abogacía de la Provincia de Formosa, quien hasta la fecha únicamente presento dijeron las Docentes, entre cuatro o cinco Escritos Administrativos y procedió a hacerles firmar a los 26 docentes, diez pagares a cada uno de ellos, por la suma de $2.500, todo lo cual sumado, asciende en su totalidad a $650 mil pesos , por – sus “servicios jurídicos”.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, “les aconsejo que buscaran inmediatamente a letrados para que interpusieran las denuncias penales pertinentes y opusieran las excepciones que nuestra Ley prevé, pues en nuestra profesión existe una Ley de Regulación de honorarios y la citada profesional debió haberse guiado por la misma y si tuvo algún gasto, tendría que haberlo acreditado, para así poder reclamarlo oportunamente, pero nunca bajo extorsión, engaño y otras artimañas, por lo que también les sugirió que hicieran la denuncia ante el Tribunal de Ética del Consejo Profesional de la Abogacía y por ante el Superior Tribunal de Justicia para que cada uno dentro de sus funciones y competencias, “investiguen esta estafa y defraudación de una profesional del derecho” ya que se debe sentar un precedente en la materia y como señalaran las docentes en la Fiscalía Nº 2 a través de una denuncia formulada en fecha 05/12 del corriente año, la Autoridad judicial interviniente “ya ha hecho lugar a la misma y ha pedido formal instrucción al Juez Penal en turno, quien deberá investigar todos los hechos y además a los autores indirectos relacionados con estos delitos”.
Comentá la nota