Explicó que tras numerosas quejas y presentaciones de gremios docentes (sobre los atrasos y supuestos errores en los haberes docentes), "creímos que a través de la unidad especial creada por Resolución Conjunta Nº 4, se pondría fin a las innumerables situaciones de injusticia y hasta de abandono de persona por parte de la administración. Pero, transcurrido un tiempo prudencial, podemos afirmar que es una decisión política para obstaculizar, retrasar y complicar el cobro de los haberes.

Pues en la Resolución citada, se establecieron los requisitos que deben cumplir los docentes para ser dados de alta o de baja. Los docentes deben presentar: Declaración Jurada de Cargos y Actividades. Copia DNI 1° y 2° página. Certificado Provisorio de Salud. Copia legalizada de título. Copia autenticada de alta de ofrecimiento. Acta de nacimiento. Acta de matrimonio si es casado, entre otros.

Para la dirigente gremial "son exigencias excesivamente burocráticas que se solucionarían con la existencia de legajo actualizado en cada unidad escolar y en el propio Ministerio".

"A pesar de ello, esperábamos ver resultados antes de emitir formalmente opinión. Pero antes de que lo hiciéramos, desde la administración cambiaron las indicaciones sobre la interpretación de esos requisitos. Ahora dicen que el Certificado Provisorio de Salud no es válido para aquellos docentes que tienen antigüedad de un año".

Señaló que "más allá de los vericuetos burocráticos que implica esta decisión política aplicada a la liquidación de haberes, tiene y tendrá consecuencias sociales graves tanto para los docentes afectados como para sus alumnos y alumnas y sus respectivos establecimientos".