Hoy debía efectuarse el desalojo de Adriana Pepe, que fue postergado hasta el 1 de diciembre. “Estoy en el cuarto lugar de prioridad a nivel provincial, porque tengo un hijo con discapacidad. Por eso pido que hagan la entrega de las casas, en otras oportunidades se han hecho excepciones para que se adjudiquen antes de tiempo”, dijo.

Pepe aseguró: “Quede en medio de una situación irregular, porque las casas del IPPV no se pueden alquilar, pero la dueña tiene un permiso que le otorgaron en la delegación local. En eso se basó el juez (Alejandro Cabral y Vedia) para ordenar el desalojo” de la propiedad de las 1.200 Viviendas donde reside con sus dos hijos. El desalojo se postergó luego de una mediación del área de Acción Social de la comuna, a cargo de Mabel Rigoni.

Pepe reclamó acciones por parte de las autoridades del IPPV a nivel provincial, desde Viedma. “Ellos están en conocimiento de mi situación, he presentado toda la documentación correspondiente. Y de hecho ellos le remitieron al juez la documentación que prueba que estoy en condiciones de recibir una vivienda” en el Distrito Vecinal Noreste.

A pesar de la postergación del desalojo, la mujer expresó que “si no me entregan la vivienda, esto es sólo estirar la agonía. Necesito la casa por mis hijos, de 17 y ocho años. No estoy pidiendo nada gratis, sino defendiendo a mis hijos y nuestra dignidad”.