Las familias compraron los terrenos en distintas fechas mediante cesiones de derechos a una persona ya fallecida identificada Juan García y lotes formaban parte de un catastro de mayor extensión Nº 101.559 y desde el año 2008 comenzaron la construcción de sus viviendas y allí habitan, aunque nunca fueron informados, sino a principios de este año que los lotes formaban parte de espacios públicos.

La resolución 009 de la secretaría de Planificación municipal del 3 de marzo de este año dispone el desalojo y y demolición de las viviendas , pero la ejecución se evitó mediante una medida cautelar resuelta favorablemente por el juez de Instrucción Formal de 7º nominación Jorge Raúl Sosa Vallejo, dictada el 29 de marzo.

Los habitantes de ese sector de barrio El Carmen señalaron que con posterioridad a esa decisión y después de una manifestación en Ciudad Judicial, que hicieron otros vecinos, el mismo juez revisó la decisión y aceptó la resolución municipal que dispone la demolición, desalojo y retiro de las construcciones existentes en el espacio público identificado ahora como matrícula 142792.

Quienes compraron los terrenos y construyeron sus viviendas sienten además la presión que significa la presencia permanente de policías y un ostensible hostigamiento por parte de algunos vecinos con más antigüedad en el lugar que los consideran usurpadores e ilegales.

Entre las hipótesis que habría considerado el juez para revisar la decisión se cuenta la vigencia de la ordenanza 13620, por la que la Municipalidad de Salta aceptó la donación efectuada por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de una superficie de terreno destinada a ochavas y espacio verde, canal y calles peatonales.

Esa ordenanza fue promulgada en mayo del año pasado y aparentemente algunos terrenos se habían comprado con posterioridad a esa norma. Además se habría verificado que el vendedor de los lotes no era tal, sino que usó el documento de una persona fallecida, con lo que también se consumó una estafa en la que intervino un escribano certificando firmas de personas inexistentes.

Una de las soluciones propuestas por un grupo de concejales es que el Instituto de la Vivienda pueda reasignar lotes en la misma zona, con facilidades de pago.