A las 12.10 de ayer, las redacciones periodísticas mendocinas recibieron un mail del área de Prensa del Ministerio de Seguridad. Generalmente, se envían diariamente varios correos electrónicos comunicando hechos delictivos, desde un asalto hasta un homicidio o un accidente vial, que parten desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Se lo conoce como parte y tiene como objetivo no ocultar lo que ocurre en nuestra provincia en materia criminal.

El mail que llegó pasado el mediodía contenía dos novedades policiales: un accidente de tránsito y una detención. Pero, esta última descripción hacía referencia a una causa que estaba secreta por disposición del fiscal especial Santiago Garay, la del doble crimen de Vistalba. Al ser una comunicación oficial, la situación no cayó para nada bien en el pesquisa judicial y, por esto, decidió realizar una investigación para hallar a los responsables de la divulgación de la información. Esto, debido a que, a las 8.50, cuando se produjo la captura en Las Heras del sospechoso de haber estado en la propiedad donde mataron a la pareja chilena relacionada al tráfico de drogas, compuesta por Oscar Vinchuca Guzmán y su esposa, Pilar del Carmen Honorato, Garay se comunicó con el director de la Policía, Ángel Fozzatti, y le solicitó que no se divulgara mediante los mecanismos cotidianos –a través del área de Prensa– el arresto del sujeto de 30 años, identificado como Maximiliano Damián Guerra, porque consideraba se ponía en riesgo la investigación. A pesar de esto, finalmente todos los medios de prensa que reciben los correos todos los días se encontraron con la novedad de cómo y con qué argumentos se lo apresó al acusado.

Fuentes judiciales señalaron que el humor del magistrado, ayer, no era el mejor. Entendió que violaron el secreto del sumario que había dispuesto y apuntó directamente a la cúpula del Ministerio de Seguridad por la falta de colaboración en la pesquisa. Es más, trascendió que, anoche, la Procuración estaba al tanto de la situación y que era muy probable que se abriera una investigación penal por ir en contra de lo que sostiene el artículo 157 del Código Penal (CP).

Con la polémica ya instalada, el jefe de la Policía mendocina habló con el fiscal para pedirle las disculpas del caso pero, de todas formas, “el error ya se había cometido”, sostuvieron fuentes del caso.

El fiscal tiene dos caminos: iniciar una causa en su fiscalía para averiguar cómo se filtró la información que puso en riesgo la instrucción o sacar una compulsa para que un par suyo, en este caso, Daniel Carniello, quien está de turno, investigue si hubo delito. El citado artículo del CP, dice, textualmente: “Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.

“El problema está en que se informó oficialmente la detención del sospechoso; si hubiese sido off de record, a través de una fuente periodística, no tenés cómo comprobar que se violó el secreto del sumario dispuesto por el fiscal del caso”, explicó ayer una alta fuente del Ministerio Público.

Ayer por la tarde, mientras el fiscal intentaba vincular a Guerra con el doble homicidio –en la escena encontraron cuatro huellas dactilares– teniendo como objetivo incorporar más pruebas para sostener la imputación, trascendió cómo llegó al CEO y a la Oficina de Prensa de Seguridad la novedad que luego fue retransmitida.

A través de fuentes judiciales y policiales, se conoció que la detención se realizó a través del personal que trabajaba en función judicial para la Fiscalía Especial. Se trata de un grupo de efectivos que realiza investigaciones y seguimiento sólo para los tres fiscales que la integran. Fozzatti se enteró de la novedad por ser jefe de la Policía y habló con Garay. Allí pactaron que la noticia no debía ser divulgada. Sin embargo, no todos estaban al tanto de esa charla. Al parecer, el CEO también recibió los datos de la captura para registrarlo y lo derivaron a Prensa, que al parecer tampoco estaba al tanto de lo que habían arreglado Fozzatti y Garay.

El esclarecimiento del caso podría estar comprometido. La detención de Guerra era la punta del ovillo para llegar a una organización que habría dado la orden para ejecutar al matrimonio vinculado con el tráfico de cocaína, sostienen en la Justicia. Así las cosas, habrá que ver finalmente si se inicia la investigación para llegar a las personas “que violaron el secreto del sumario”, finalizaron las fuentes.