Vecinos denuncian que personas se hacen pasar por originarios para quedarse con sus propiedades. Comunidades de Las Pailas y de otros puntos de los valles niegan ser usurpadoras. Dicen que exigen lo suyo.
El conflicto ya lleva tres años en Las Pailas, La Aguada y en otros puntos de ese departamento vallisto “En Cachi está por desaparecer la propiedad privada”, lamentaron Carlos Robles y Florencia Wayar. Ambos acreditan títulos de tierras, sin embargo, afirmaron “que personas que dicen ser aborígenes” empezaron a ocupar y a trabajar en parte de sus lotes.
“Vos le preguntás desde cuando son indígenas o desde cuando tienen cacique, y te responden: desde que existe la Ley Nacional 26.160. Hace unos diez años se hizo un homenaje a Juan Calchaqui y no hubo ninguna de estas supuestas comunidades presente. Ahora muchos dicen ser diaguitas calchaquíes”, manifestó Wayar.
Del otro lado, Ulises Yanes, delegado de la denominada comunidad Kallchaki Las Pailas, afirmó: “No somos usurpadores, somos poseedores ancestrales y legítimos de las tierras. Agregó que desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y desde la sanción de la ley de posesión y propiedad de las tierras, en 2006, “los hermanos pudieron levantar la cabeza para un justo reclamo”.
La Ley 26.160 declara la emergencia de las tierras “que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente”. Además, primero, suspendía los desalojos hasta 2009, aunque se extendió el plazo hasta el 23 de noviembre de 2017. “La posesión del terreno debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”, fija la legislación.
A través de un acuerdo, en 2007, el INAI le delegó a la Provincia el procedimiento para reconocer administrativamente a los pueblos indígenas. Enrique Rojo, subsecretario de Pueblos Originarios, explicó que el trámite se inicia en Inspección General de Personas Jurídicas y luego se eleva al IPPIS (Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta).
Vecinos de Cachi cuestionaron que la comunidad de Las Pailas haya obtenido directamente el reconocimiento del INAI, sin respetar las facultades del Gobierno salteño. El 18 de diciembre de 2012, el Instituto emitió la resolución 1131 por la cual se inscribió a esa la comunidad originaria, perteneciente al Pueblo Diaguita, en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). Robles manifestó que entre “los supuestos originarios hay personas foráneas y otros con propiedades. Utilizan estas leyes para quedarse con terrenos de gran valor y de intenso cultivo”.
A través de una presentación, Robles le requirió al INAI que informe sobre los fondos públicos destinados a Cachi. Sin embargo, dijo que la respuesta fue ambigua y sin precesiones. Después de eso, hizo una denuncia penal en la Justicia Federal contra autoridades del INAI por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y malversación de fondos.
Por otra parte, en registros de Personería Jurídica de Salta se constató que si bien Las Pailas inició el trámite, no cuenta con el reconocimiento correspondiente. Según la base de datos, La Aguada y El Algarrobal, también de Cachi, tienen el expediente en tratamiento. Yanes, delegado de Las Pailas, señaló que comenzaron las gestiones en noviembre de 2010. “Estuvimos dos años sin tener respuesta de la Provincia, que tiene el deber de reconocernos. En el medio, hubo estudios antropológicos falsos del señor Robles. Decían que no éramos originarios, porque no andábamos con taparrabos ni con plumas. Que usemos jeans, zapatillas y celular no tiene nada que ver en cuanto a nuestra identidad”. exclamó. “Agotamos todas las instancias administrativas en la Provincia. Como veíamos que en Personería Jurídica estaba el asunto estancado, empezamos a denunciar ante el INAI, el órgano de aplicación del Derecho Indígena, que la Provincia no estaba cumpliendo con el convenio. Así, le presentamos los papeles y afines de 2012 salió la resolución del Instituto”, describió Yanes. Meses atrás, en medio de la creciente tensión en Cachi, intervino la Provincia. Federico Hanne, secretario de Relaciones Institucionales, intimó “a las supuestas comunidades originarias a dejar de denominarse y actuar como tal”. También pidió al INAI revocar la personería otorgada. “Esa institución no está facultada a hacerlo, salvo puntuales excepciones, que no se dan en este caso”, agregó.
La decisión de la Justicia
Federico Hanne, secretario de Relaciones Institucionales, consideró que ante varias denuncias cruzadas por usurpaciones y amenazas, la Justicia debe pronunciarse ante un conflicto que se expande en Cachi.
En 2010, en uno de los casos, la Jueza en lo Correccional y de Garantías de Octava Nominación, Mónica Faber, había ordenado el desalojo de unas cinco familias de las tierras que figuran a nombre de Carlos Robles, en Las Pailas, Cachi. En ese entonces, todavía la comunidad, que tiene como primer representante a Juan Manuel Liquin, no contaba con el aval del INAI. Así, la magistrada había recurrido a la Ley 23.302. Esta legislación crea el INAI y fija los requisitos para que a las comunidades indígenas se le adjudiquen tierras. Ese año, desde el Poder Judicial comunicaron que “las personas desalojadas no figuran en los registros del INAI o el IPPIS como miembros de la comunidad que invocan pertenecer”. Se adujo que Las Pailas no tenía personería jurídica, según el informe enviado por la Inspección de Personas Jurídicas, y se expuso que estas tierras son de propiedad privada. Además, en la cédula parcelaria remitida por la Dirección de Inmuebles, no constaba ningún tipo de restricción o gravamen, es decir no está sujeta a proceso de expropiación. Integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPND), que concentra a las comunidades originarias vallistas, expresaron a El Tribuno que en Cachi no hubo usurpaciones.
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