Las disposiciones frustradas

Cinco disposiciones de la Carta Magna de 2006, hasta el momento, han sido anuladas por la Justicia. En 2008, en la causa "Colegio de Abogados", la Corte Suprema (avalando un fallo de la Sala II del fuero administrativo) declaró nulo que se faculte al Poder Ejecutivo a organizar por decreto el Consejo Asesor de la Magistratura: el órgano de selección de jueces debió ser creado por ley.
En mismo falló fulminó el sistema de enmienda legislativa, que permitía modificar la Constitución mediante normas especiales dictadas por el Poder Legislativo. La sentencia también ordenó sumar a la oposición al Jurado de Enjuiciamiento, después estructurado por ley. En 2009, de oficio, la Corte también anuló que la Ley de Leyes ampliara su competencia originaria para entender en la revisión judicial de los actos administrativos del Tribunal de Cuentas. Ahora, como se sabe, el Gobierno apelará el reciente fallo que objeta la integración de la Junta Electoral con predominio del poder político, y la norma según la cual no puede exigirse a los funcionarios que son candidatos a pedir licencia durante la campaña.

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