Podría interpretarse como una venganza política, como otro paso en la escalada administrativa contra su tarea o como la tácita admisión de que el “plan A” para sacarlo del medio podría fracasar. Pero todas esas serían interpretaciones. La información es otra: mientras se espera que este lunes se defina cómo sigue el juicio político contra el fiscal José María Campagnoli, su sucesora en la fiscalía de Saavedra terminó de dispersar a los últimos integrantes de su equipo de investigadores.

Con una sucesión de escritos firmados anteayer, la fiscal que en forma interina suple a Campagnoli en la fiscalía de Saavedra y Núñez, Cristina Caamaño, le pidió a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó que trasladara a cuatro integrantes de esa oficina hacia otros destinos.

La Procuradora respondió ayer mismo.

Con apenas tres párrafos, consideró que del pedido de Caamaño “se desprende la existencia de distintos inconvenientes funcionales conm parte del personal que presta servicios en la fiscalía” y que eso “impone la necesidad de asumir la problemática y adoptar las decisiones adecuadas para salvaguardar la normal prestación del servicio y evitar que la disputa adquiera mayores dimensiones ”.

Así, con estas “providencias simples” –que según fuentes judiciales no responden a los pasos administrativos habituales– dispuso el traslado de cuatro funcionarios de carrera, los secretarios de primera instancia Romina del Buono y Manuel Espinal; lel proresecretario Andrés Galarte y el oficial Andrés Rimoldi.

Caamaño, quien reemplazó a Campagnoli en la fiscalía de Saavedra cuando fue suspendido por supuestos excesos en su investigación del supuesto lavado de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la llamada “ruta del dinero K”, ya se había quejado del desempeño de los investigadores de la oficina, que siempre defendieron el trabajo de Campagnoli.

Pero esta semana hubo más traslados intempestivos y contrarios a la voluntad de los trasladados. Caamaño también pidió que muevan de su lugar a la abogada Pilar Márquez, que trabajaba cargando sumarios policiales con autores no identificados en la fiscalía, pues está embarazada de cinco meses en un lugar que “no está acondicionado” para una mujer en su estado, pues queda en un cuarto piso y “desde hace meses no funciona el ascensor”. Nadie podría objetar este cuidado humanitario, si no fuera porque la doctora Márquez es la esposa del secretario histórico de Campagnoli, Ignacio Rodríguez Varela. Aunque ella habría pedido expresamente que no la muevan de su puesto de trabajo, el Director General de Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General, Norberto Sagretti, la trasladó de inmediato.

Tan extraños son estos movimientos que el titular del gremio de los empleados judiciales, Julio Piumato, presentará este lunes una denuncia penal contra Gils Carbó, Caamaño y Sagretti.

Ese día, el tribunal que juzga a Campagnoli decidirá si acepta que su nuevo integrante, Nicolás Toselli, se informe sobre el contenido de las audiencias a través de videos o si se hará un nuevo juicio.