La exposición del tema consume al menos cinco minutos de la vida del catedrático Santiago Legarre, que escucha con la máxima atención. La narración comienza con la lluvia de impugnaciones a la corrección de los exámenes del primer concurso para llenar cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Común que, a su vez, derivaron en ocho medidas cautelares; prosigue con la paralización del proceso de selección en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y un primer fallo ("Amenábar") que, para sorpresa de hasta la propia actora (la candidata María del Pilar Amenábar), declaró de oficio la inconstitucionalidad del requisito de un puntaje mínimo para acceder a la entrevista, la tercera etapa del concurso en el CAM.

La entrevista con el constitucionalista tiene lugar al término del taller que brindó a finales de noviembre en Tucumán sobre "Nulidad de sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (CSJN). Al docente de la Universidad Católica Argentina se le plantea una hipótesis de laboratorio jurisprudencial: "¿qué pasaría si una nueva sentencia sobre el mismo asunto de un alto tribunal compuesto por distintos jueces contradice lo dispuesto en ’Amenábar’?" (La posibilidad anticipada por LA GACETA se convirtió en un interrogante ajustado a la realidad cuando el criterio impulsado por Antonio Estofán, derrotado en "Amenábar", se impuso el 10 de diciembre en la definición del expediente promovido por el candidato Raúl Bejas).

Cuasi agotado por el planteo, Legarre se pronuncia en contra de recurrir a la Corte de la Nación para resolver cuestiones de derecho público provincial como pretenden los dos recursos extraordinarios -uno del CAM y otro del Gobierno Provincial- interpuestos contra el fallo "Amenábar".

"En general, si un tribunal superior de una provincia comete un error grave en materia de derecho público local, no debería competer a la Corte remediarlo", precisa Legarre. Y en seguida añade: "la Corte, en principio, no se inmiscuye. Pero también hace excepciones con bastante generosidad cuando entiende que existe arbitrariedad. Lo ideal sería que no lo hiciese, que no entre a revisar las sentencias en esta materia porque no es correcto que Buenos Aires resuelva las dificultades de Tucumán, por más escandalosas que sean".

-¿Cómo se soluciona el problema de sentencias contradictorias si no interviene la CSJN?

-No se resuelve. En cada caso se aplica el fallo que corresponda. Y prevalece el último precedente a la hora de invocar la jurisprudencia. Así funciona, pero no quiere decir que esté bien...

-¿Porque la situación crea una incertidumbre jurídica?

-¡Es un disparate lo que usted me está contando! Pero a ese disparate no tiene que resolverlo la capital del país. Si yo fuese provinciano, me sentiría humillado si debe venir gente de Buenos Aires a solucionar los problemas de la integración de mi Poder Judicial.

-¿Es un sesgo de unitarismo judicial?

-¡Enorme! Y encima promovido por los que dicen defender a Juan Bautista Alberdi y al federalismo. Es decir, los abogados tucumanos.

-Es una opinión muy dura.

-Al contrario, estoy tratando de colaborar con una causa contraria a mis intereses porque yo soy porteño.

-Tampoco conviene la intervención de la Corte de la Nación por el tiempo que puede insumir, ¿no?

-Mucho más de un par de años. Cinco, en promedio. El máximo tribunal del país está más lento que antes. Me parece razonable pensar que de allí no surgirá una solución rápida, sino todo lo contrario.