Las marchas y reclamos de vecinos y distintos sectores de la comunidad, consecuencia de los crímenes acontecidos en el último mes, han vuelto a poner sobre el escenario el debate en torno a la seguridad.
Un problema que no tiene solución, deja de ser un problema. La muerte no la tiene, pero sí la inseguridad. En el país, como en el mundo, se analizan e implementan constantemente políticas a fin de poder disminuir los índices de criminalidad, y con ello el número de víctimas producto del delito. Sin embargo pegar con un martillo contra la pared, no es lo mismo que clavar un clavo.
El debate de la seguridad
Varias han sido las reformas en la legislación y políticas institucionales relativas a la seguridad. Las normas que no duran en el tiempo y se rehacen continuamente transforman la certidumbre propia del derecho en una incertidumbre funcional, que se convierte en un obstáculo para el problema que debieran solucionar.
Las causas del crimen son complejas en el país, y en el exterior. Abarcan desde la exclusión social ligada con el desempleo entre la población, desequilibrios de ingresos, la sensación de impunidad de los delincuentes, las redes de tráfico ilegal, entre otras variables. Encontrar una solución simple y efectiva en el corto plazo, es muy difícil. Todas las soluciones deben pensarse en el mediano y largo plazo.
Según un informe publicado por el Banco Mundial en 2011, existen 1.500 millones de personas que viven en países afectados por ciclos repetidos de violencia. "Para que podamos romper los círculos de violencia y reducir los factores de tensión que los provocan, los países deben crear instituciones más legítimas, responsables y eficientes que brinden seguridad, justicia y empleo a la ciudadanía" declaró el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick.
En dicho informe se concluye que: "para reducir los riesgos de conflicto es imprescindible generar confianza. Una de las enseñanzas fundamentales derivadas de las experiencias de los países es que para comenzar a recuperar la confianza por lo general bastan dos o tres resultados iniciales concretos. Las verdaderas transformaciones institucionales llevan tiempo, las instituciones nacionales requieren de 15 a 30 años para poder enfrentar situaciones de violencia e inestabilidad"
Las recomendaciones se centran en la creación de programas comunitarios destinados a prevenir la violencia, la incorporación de tecnología (cámaras, sistemas de comunicación, software, entre otras herramientas), facilitar el acceso al sistema de justicia local y establecer áreas de control específicas para las zonas más conflictivas. Por otro lado, es fundamental el rol del estado en la generación de más empleos a fin de canalizar las crecientes masas de jóvenes y excluidos sociales que, encuentran en el delito un estilo de supervivencia. Si las estructuras políticas no logran generar los mecanismos institucionales para brindar contención, educación y trabajo a sus ciudadanos, el delito habrá ganado.
Por parte de las fuerzas de seguridad se requiere garantizar que respeten la ley, sean profesionalizadas, honestas y eficientes. De esta manera se intenta recuperar la confianza y participación del vecino, para colaborar de manera efectiva en la lucha contra la inseguridad. Muchas veces, la ciudadanía no se dirige a hacer las denuncias, porque lo considera una pérdida de tiempo o porque no confía en la autoridad policial.
El delito en la ciudad
Reducir el debate de la seguridad a una discusión sobre la distribución de responsabilidades que le corresponden a cada área, funcionario o institución es una actitud que poco aporta al combate actual contra el delito en la ciudad. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego, afirmaba Gandhi.
Una solución adoptada en algunas ciudades es implementar la elección pública del Comisionado civil como funcionario político que articula y ejecuta la política de seguridad en cada distrito. Del mismo modo la utilización del juicio por jurado, como la conformación de cuerpos policiales locales. La participación de la sociedad civil, es clave en todos los modelos modernos de lucha contra la delincuencia.
Las autoridades locales impulsan la descentralización de las fiscalías mediante la creación de oficinas específicas dentro de las 15 jurisdicciones en donde hay una comisaría, y la incorporación de más recursos logísticos destinados a las fuerzas de seguridad, entre otras medidas. Sería positivo avanzar hacia la instalación de un sistema de monitoreo integral por cámaras de vigilancia. En la actualidad, ya se encuentra vigente la normativa que prevé la incorporación del sistema de botón antipánico y GPS en el transporte de colectivos, como así también en las 2.147 unidades que componen la flota de taxis de la ciudad.
La inserción de 2.000 civiles con roles administrativos en comisarías bonaerenses permitirá destinar más efectivos a las calles. Un total de 1.937 marplatenses rindió la prueba para cubrir las 255 vacantes habilitadas en la zona. Agilizar el funcionamiento de las dependencias administrativas, también requiere el compromiso de empleados públicos y funcionarios. La articulación de esfuerzos entre Nación, Provincia y Municipio es necesaria.
La elaboración del futuro plan estratégico de la ciudad debería considerar a la seguridad ciudadana como uno de sus ejes principales. Hay que desmitificar el hecho de que todo objetivo estratégico urbano está asociado con un gran costo. Las ciudades exitosas no son aquellas que presentan obras de infraestructura monumentales, sino aquellas que encuentran soluciones creativas económicas a los problemas urbanos habituales. La seguridad es y será uno de ellos. Sin seguridad, no hay libertad ni progreso posible.
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