La legislación vigente establece que es obligación del Estado generar la accesibilidad para que todoss puedan acceder al transporte, y para ello la flota de colectivos tendría que estar adaptada. Vale aclarar que el país ha adherido a la Convención Internacional de la Persona con Discapacidad. Otras leyes complementarias exigen que un 10% del transporte público del departamento cuente con las medidas correspondientes para el acceso de los discapacitados.

Una denuncia hecha por el Consejo de Discapacidad zona sur y otras instituciones ante el Ministerio de Transporte, da cuenta que, de los únicos dos colectivos locales que tienen rampas, uno la tiene rota y fuera de funcionamiento. En tanto, en toda la zona del Valle de Uco, Malargüe, General Alvear y San Carlos no hay colectivos con rampas para discapacitados.

El titular del Consejo de Discapacidad de nuestro departamento, Job Sombra, explicó: "Esta lucha la venimos teniendo hace unos tres años; en enero realizamos la última denuncia. El ministerio de transporte no ejecuta lo que dice la ley, que exige que por lo menos el 10 por ciento de las unidades sean accesibles. Acá la única que tiene micros accesibles es Iselín y tiene solo dos unidades, una de ellas rota, está atada con alambre. Buttini no tiene ninguno, y las dos concentran el monopolio del transporte público de San Rafael".

De esta manera, las personas que usan silla de ruedas, tiene que esperar que llegue esa unidad para trasladarse. Además, como explica Sombra: "lo tienen que subir a la rastra, y esto atenta contra la dignidad de la persona. Nunca han estado en pleno funcionamiento".

Desde el Ministerio de Transporte explican que la licitación se realiza cada diez años y ya la habían realizado, por lo que no pueden exigir que se cumpla una vez que ya firmaron, deben esperar a la nueva licitación, que se hace este año, teóricamente en agosto o setiembre. "Antes de esto, queremos ver qué condiciones van a poner, sino después no tiene sentido y es difícil hacer una modificación. Queremos exigir que cumplan con el 10 por ciento de las unidades".

Por su parte, la encargada del área de discapacidad del municipio, Daniela Martín, opinó: "Los colectivos no son accesibles, las empresas no controlan, lo hace la CNRT y no tenemos injerencia. Hemos discutido este problema y hemos logrado el año pasado que el acompañante no sea un limitante en San Rafael, que los discapacitados puedan aprender a manejarse solos en colectivo aunque que no haya cumplido la mayoría de edad".

El paso a seguir del organismo es realizar la notificación y presentarla en la Defensoría de Discapacidad de la provincia, es el organismo de contralor y la fiscalía del estado. "Mañana (por hoy) vamos a mantener una reunión para ver como avanzamos en este sentido, si no hay una solución pronto haremos la denuncia en Fiscalía de Estado".