De acuerdo a los paradigmas establecidos por la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006 en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Ley de Discapacidad de Mendoza (5.041), vigente desde 1985, ha quedado "totalmente obsoleta", según señalan los especialistas. Y es que, a partir de los nuevos parámetros fijados por la convención, son muchos los cambios que la norma necesita para adaptarse a los nuevos protocolos de actuación que, a entender de organismos internacionales, deben ser aplicables a los casos de personas discapacitadas.

Es por eso que, en la provincia, las autoridades judiciales, representadas por miembros de la Corte Suprema de Justicia y magistrados del foro de Familia y de la Dirección de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Comunidad y Familia, están abocadas a trabajar en conjunto con asociaciones de discapacitados y con personas con capacidades diferentes para reformular conceptos y presentar con urgencia una nueva ley.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS. Bajo el lema "Todo con nosotros, nada sin nosotros", durante las primeras jornadas provinciales de capacidad jurídica de las personas con discapacidad se pusieron temas profundos sobre la mesa de discusión, como el grave perjuicio que ocasionan sobre los intereses de los discapacitados las curatelas y la necesidad de reinsertar y respetar al discapacitado como ser útil socialmente y sujeto a derecho. Las curatelas son el poder otorgado a una persona para administrar los bienes y las decisiones de otra.

Un curador es la persona elegida o nombrada para cuidar los bienes o negocios de un menor o de quien no está en estado de administrarlos por sí. De acuerdo a la vieja escuela judicial y de asistencia a los discapacitados, las curatelas eran una práctica habitual por las cuales la opinión del protagonista de la historia era la menos tenida en cuenta. Así, al discapacitado –aunque no necesariamente lo fuera– se lo declaraba, como primer paso, insano, y luego se nombraba un curador, que no necesariamente tenía que ser una persona cercana.

De este modo, muchas historias cuentan que existieron y en la actualidad existen casos en los que personas cobran pensiones o subsidios en nombre de discapacitados a los que no asisten. La declaración de insanía, además, no sólo limita la compra y venta de bienes o las transacciones comerciales, sino que también afecta de lleno la vida privada del discapacitado, ya que les impide casarse o ser responsables legalmente de sus hijos, y hasta el acto cívico de votar. Por eso, unas de las primeras cosas que la nueva jurisprudencia en materia de discapacidad quiere hacer desaparecer son la curatela y los curadores.

"Debemos bregar por la protección de los derechos de los discapacitados pero sin pasar el límite de sustitución de su voluntad. Podemos protegerlos pero sin pasarlos por alto. Es por eso que la declaración de insanía es lo primero que tiene que desaparecer del Código Civil", indicó Silvia Villaverde, jueza de Familia de Lomas de Zamora, Buenos Aires, una de las disertantes de las jornadas. Según establece la convención, sobre lo que tendría que trabajar la nueva ley, es el acompañamiento y apoyo a las familias de discapacitados para que puedan ayudarlos en la administración de sus bienes sin remplazarlos.

"Tienen que ser personas del círculo cercano, que conozcan y compartan sus elecciones y tomen decisiones pero previa consulta al discapacitado. Estamos hablando de un cambio de paradigma histórico", detalló la abogada Agustina Palacios, directora general de Promoción de Igualdad en Mar del Plata, otra de las invitadas al encuentro.

FALENCIAS LOCALES. Si bien Mendoza fue una de las primeras provincias en contar con el Consejo de Discapacidad a nivel provincial, en la actualidad los departamentos están un poco descuidados con el tema. Según indica la ley –aunque obsoleta, algunas partes aún son utilizables–, además del consejo provincial, es preciso contar con consejos departamentales. Preocupante es el hecho de que de los 18 departamentos del territorio sólo dos –San Rafael y General Alvear– cuenten con estos organismos en donde los discapacitados pueden hacer oír sus voces.

"Es prioritario trabajar en una nueva ley en la que estén contenidas todas las voces. Además, es preciso transversalizar el problema. A ver, un ejemplo es la necesidad de una rampa, aunque atención a la discapacidad es más que eso, pero ya estoy necesitando ayuda de infraestructura, es decir, de más de un elemento. Es vital que trabajemos multidisciplinariamente y en conjunto", afirmó Mary Villarejo, profesora de sordomudos y titular del Consejo de Discapacidad de la provincia. Pero, sin duda alguna, quienes más felices estaban por la realización de las jornadas eran Juan Luis Martín (60), discapacitado motriz titular de Fundamor, y Francisco Ferreyra, titular de la Asociación de Discapacitados Motores (Adim).

"Nuestros gobernantes deben entender lo importante que es darnos dignidad. Somos algo más que la dádiva de una pensión, queremos trabajo, queremos participación, queremos ser parte de la sociedad, para la que también podemos contribuir, más allá de nuestro problema", indicó Martín. "Por ejemplo, no estuvimos incluidos con un apartado especial en el último censo. Sólo tenemos estudios locales de la UNCuyo que indican que cada cuatro familias hay un discapacitado, aunque no se específica su discapacidad", detalló Ferreyra.

Además, el hombre señaló que se están perdiendo los oficios manuales, sector en donde los discapacitados tenían cabida. "Cuando el Estado ayuda a un discapacitado, está ayudando a toda su familia, que retribuye con creces el apoyo, porque es una necesidad imperiosa", finalizó Martín.

El rol de la Justicia

Según detalló la jueza Silvia Villaverde, una vez llegó a su despacho una familia pidiendo la incapacidad de su hijo discapacitado, totalmente lúcido intelectualmente, integrante del Coro Kennedy y viajero en soledad en un número importante de países. "Debe ser un juez formado para comprender en qué casos otorgar curatela y en cuáles no", afirmó la magistrada.

En números

Según datos de la ONU, 650 millones de personas con discapacidad –alrededor de 10% de la población mundial– carecen de las oportunidades que tiene la población en general. En Mendoza hay un discapacitado cada cuatro familias y el departamento con mayor número de ellos es Guaymallén.