Ex director de Casinos irá a juicio oral por malversación de caudales públicos

Se trata de Gustavo Menéndez, designado por la gestión de Felipe Solá. Ordenó traer $ 600 mil de otro casino para superar un arqueo y no justificar gastos injustificables. Actualmente es síndico suplente en la Ceamse.
Los dos empleados salieron del Casino Central de Mar del Plata y se subieron a un automóvil. Recorrieron menos de 300 metros y se bajaron en el Casino del Mar, ubicado en el hotel Hermitage. A las 11.54 del 8 de noviembre de 2007, ingresaron con una mochila verde vacía. A las 12.05, salieron de allí, pero la mochila ya no estaba vacía: le cargaron 600 mil pesos. Ese dinero fue llevado hasta el Casino Central e incluido en un arqueo que en ese momento estaba realizando la Auditoría del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Fue contabilizado en esa operatoria y luego devuelto nuevamente al otro casino. Una maniobra irregular por donde se la mire, que le valdrá un juicio oral a Gustavo Adolfo Menéndez, que por ese entonces era director de Casinos Zona I.

Este escándalo alejó de ese cargo al funcionario designado por la gestión del ex gobernador Felipe Solá, pero no de la función pública. Menéndez es desde 2008 síndico suplente de la comisión fiscalizadora de la Ceamse.

La elevación de la causa a juicio oral fue resuelta por el juez de Garantías marplatense Juan Tapia, a pedido de la fiscal de Delitos Económicos Lorena Hirigoyen, por el delito de “malversación de caudales públicos”. En este hecho también estuvieron involucrados los dos empleados que realizaron el traslado (fueron sobreseídos) y el jefe de Administración Daniel De Luca. La fiscal había solicitado el sobreseimiento también de este imputado, por considerar que había seguido órdenes de Menéndez, pero el propio juez entendió que De Luca tenía el peso suficiente como para negarse a cometer estas irregularidades, por lo que el fiscal general de la ciudad deberá resolver su situación.

Los testimonios recogidos por la fiscal dan cuenta de la impunidad con la que se manejaba el funcionario bonaerense. Su secretaria provincial relató a la Justicia la innumerable cantidad de veces que advertía anomalías en los procederes del funcionario. Según figura en la resolución del juez, la maniobra de llevar de un casino a otro 600 mil pesos, incluirlos en el arqueo y luego devolverlos fue “con la finalidad de evitar que fueran arqueados los comprobantes por los gastos realizados por ese idéntico valor y en consecuencia no tener que brindar explicaciones por dichos gastos”.

Un empleado, que consiguió el trabajo por una vieja amistad con Menéndez, denunció que “jamás tuvo un recibo de sueldo”. Incluso, contó que el último salario se lo pagó Menéndez en mano, sin justificar jamás de dónde salía ese dinero. Y relató un ejemplo para graficar la impunidad de los manejos: una noche, cerca de las 5 de la mañana, se encontraba con Menéndez en su despacho y éste llamó al tesorero para que le traiga cerca de 40 mil pesos destinados a pagarle al reconocido peleador de kickboxing Jorge “Acero” Cali, que esa noche se había presentado en el Casino Central.

Polémica

Un delito que prevé penas leves para los funcionarios públicos

Las pruebas contra el ex director de Casinos Zona I parecen ser contundentes, según la investigación realizada por la Justicia marplatense. De todos modos, aún falta que se realice el juicio oral y se determine la culpabilidad o no del funcionario. Sin embargo, esto último es casi simbólico: las penas que corresponden por estos delitos son irrisorias.

Menéndez está procesado por el delito de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 260 del Código Penal. Allí se señala que la pena que corresponde al funcionario público que les dé a los caudales públicos una aplicación distinta a la que tenían originalmente es una inhabilitación especial para ocupar cargos por un plazo máximo de tres años. También puede imponérsele una multa que va del 20 al 50% de la cantidad en cuestión.

Queda claro que una imposibilidad de ocupar cargos públicos durante, como mucho, tres años, resulta insuficiente para un funcionario que, según los testimonios recogidos, acostumbraba a manejar los fondos públicos sin el respeto necesario por las normas vigentes. Incluso, fuentes judiciales consultadas por este medio se mostraron resignadas: “Las penas no existen, pero es lo que hay”.

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