-La Comisión provincial por la memoria suele ser dura en los informes con respecto a los informes vinculados al servicio penitenciario... ¿Cómo es la relación con el organismo?

-Tenemos buena relación con todos los organismos. Hoy por hoy incluso han mejorado muchísimos las presentaciones judiciales. La gran mayoría que había en su momento era por cuestiones de falta de atención o trasladados a sanidad de internos que estaban enfermos. A partir de 2005, el sistema de salud penitenciaria dejó de depender del Servicio. Era una dirección provincial autónoma con personal penitenciario pero que no dependía del jefe del servicio. Esto fue a pedido de los organismos de derechos humanos para evitar connivencia o coacciones de los jefes de unidades sobre los médicos para que escribieran tal o cual cosa respecto a lo que le podía haber pasado a un interno. 

-Eso no era malo…

-La idea en teoría es buena, el problema es que el control del área de salud penitencia era realizado exclusivamente por salud penitenciaria. Cuando nosotros llegamos nos encontramos con una Dirección provincial súper poblada en recursos humanos. Teníamos más de 2060 personas cobrando sueldos por esta dirección y no había ni un médico, ni un enfermero y ni siquiera un administrativo en las unidades de sanidad de las cárceles. Esto traía aparejado que cualquier inconveniente médico que pudiera llegar a tener un interno, ya sea de una uña encarnada o lo que fuera, implicaba que el SPB debía trasladar al interno al Hospital extramuro, dejarlo internado y traerlo y llevarlo con ambulancias que no había y con gasoil que escaseaba.

-¿Otra vez los controles sirvieron para mejorar?

-Esas cuestiones y otras tantas se podrían haber resuelto perfectamente si hubiese funcionado el esquema de salud de las unidades sanitarias. No había. Cuando empezamos a estudiar el tema encontramos que existía una superpoblación por demás excesiva de médicos, enfermeros y administrativos en el radio Capital, debido a que los nombramientos que eran proporcionados por la política se hacían en ese radio. Teníamos más de sesenta médicos en la sede de la Dirección provincial, donde no existen pacientes y no teníamos ningún médico en Campana y en San Martín o un solo médico en Magdalena. Por si fuera poco no existían las historias clínicas. Lo que empezamos a hacer es racionalizar el esquema con respecto al recurso humanos que teníamos. También encontramos que no había cumplimiento por parte del personal. 

ENTRE LAS POCAS HORAS Y LA OSDE 210

*”Los pocos profesionales de la salud que había en los penales no cumplía las funciones pertinentes porque no había nadie que los controlara. Pusimos en marcha un nuevo sistema de presentismo y a raíz de eso saltaron todas las irregularidades. Había gente que no iba a trabajar o lo hacía entre seis o siete horas por mes, cuando la carga es de 25 semanales”. 

“A esa gente se les inició sumarios por falta grave, la mayoría por abandono de servicio. Una vez que traslademos a los profesionales a las distintas unidades, que es donde tendrían que haber estado, podremos llegar a garantizar atención las 24 horas, de lunes a lunes, los 365 días del año, en cada una de las unidades del provincia de Buenos Aires”.

“En la Dirección de Salud penitenciaria gastábamos solo en salarios unos 670 millones de pesos al año. Si lo dividimos por la cantidad de internos, que en ese momento eran 35 mil, nos alcanza para pagarle a cada preso OSDE 210 (la más completa de las obras sociales). Estamos gastando del erario del bonaerense una suma exorbitante por un servicio inexistente”. 

EL HOSPITAL PENITENCIARIO

"El año pasado la gobernadora reinauguró el hospital penitenciario, que es la unidad 22 de Olmos, y comenzamos a hacer determinadas cirugías, que se venían realizando en hospitales provinciales o municipales; con los detenidos en un grado de seguridad garantizado por nosotros mismos. Antes tal vez un vecino bonaerense se quedaba sin cama en un nosocomio porque era ocupada por un detenido", comenta orgulloso Rozas.