Los empleados de la división Liquidación de Haberes de la Cámara de Diputados, quienes fueron sumariados por el supuesto pago de sueldos a ex funcionarios y ex contratados de la planta política aún cuando terminaron sus funciones hace meses, pidieron ampliar la investigación sumarial. Ayer presentaron un pedido formal al presidente de la Cámara baja, Luis Eduardo Barrionuevo.

“Debemos resaltar la existencia de un circuito administrativo, del cual la división Liquidación de Haberes es solamente el último eslabón de una cadena administrativa, que sólo actúa en función de las órdenes que recibe y de los instrumentos e información que llega desde otras áreas”, señala la misiva firmada por los empleados y el jefe de división.

“Estamos totalmente a favor de la realización de una investigación exhaustiva para determinar si existieron errores y/o omisiones; y para garantizar que ésta sea efectiva, solicitamos se amplíe el sumario a todo el circuito administrativo”, indicaron.

Y en esa línea especifican que la investigación interna se tiene que hacer sobre “todos” los canales de la administración de la Cámara baja, “comenzando por la emisión del instrumento desde la dirección de Despacho -que está a cargo de la esposa del presidente de la Cámara- y continuando con la dirección de Administración de Personal -a cargo del hermano del diputado Jorge Moreno- de forma íntegra, haciendo hincapié en toda intervención que haya tenido cada una de sus áreas hasta llegar a nuestras oficinas”.

Pero no sólo piden que internamente se abra el abanico de la investigación, sino que dan un paso más exigiendo que un organismo superior tome cartas en el asunto, para que se determine si hubo negligencia o dolo en el procedimiento por el cual una docena de personas habría percibido sueldos en forma indebida.

“Con el fin de lograr total objetividad y transparencia es que solicitamos se dé intervención en carácter de urgente al Tribunal de Cuentas de la provincia, que es el organimso idóneo para realizar una auditoría integral, luego de la cual se deberán tomar las acciones legales que correspondan”, reclamaron enérgicamente para despegarse del escándalo.

“Estamos convencidos de haber obrado con absoluta buena fe, y contamos con toda la información respaldatoria de las operaciones realizadas (ver aparte), con lo cual en el momento pertinente vamos a deslindar toda responsabilidad al área que corresponda, llegando hasta las últimas consecuencias”, añade el escrito que ingresó a media mañana a la presidencia.

Finalmente, requieren que esta solicitud sea incorporada al expediente por el cual están siendo investigados, previa aclaración: “Somos en su mayoría de planta permanente, con una antigüedad de hasta 30 años de servicio en el organismo; hemos pasado por distintas gestiones de variado color político y jamás hemos tenido inconveniente alguno. Por lo cual, este incidente, además de perjudicar nuestro buen nombre y honor, está repercutiendo en nuestras familias, las cuales están atravesando momentos muy difíciles por las falsas acusaciones que pretenden infundir hacia nuestras personas”.

Explicaciones

LA UNION conoce que habría contundentes pruebas que desde la propia oficina encargada de realizar las liquidaciones de sueldos advirtieron de esta situación a sus superiores. Sin embargo, recién meses después se inició el sumario, por lo que alguien deberá dar explicaciones de por qué no se actuó inmediatamente se tomó conocimiento de las supuestas irregularidades, que no terminarían solamente en el pago indebido a ex funcionarios.