El proyecto lleva las firmas de Mónica Fein y Alicia Ciciliani (PS), Agustín y Alejandro Rossi (FPV), Susana García y Carlos Comi (ARI-CC), Fabián Peralta (GEN) y Verónica Benas (SI).

Los legisladores expresan "la preocupación por la liberación de los imputados, que ha generado una sensación de mayor riesgo a los testigos que deberán declarar en el proceso, ya que están expuestos a encontrarse en las calles o a ser intimidados por los denunciados, contra quienes desde el 21 de julio deberán atestiguar".

"Dada la gravedad del precedente", solicitaron a la Corte Suprema "la pronta resolución de los recursos interpuestos en lo relativo a la prisión preventiva de los imputados".

Por otro lado, los concejales Arturo Gandolla y Norma López, del Frente para la Victoria, expresaron que "es una nueva muestra de barbarie jurídica de este tribunal de Casación que lejos está de velar por las víctimas de la represión de Estado de la dictadura".

En tanto, la presidenta de la delegación local de la APDH, Norma Ríos, afirmó a través de un comunicado que la determinación de la Cámara de Casación constituye "una nueva provocación que se ha gestado desde las entrañas del Poder Judicial hacia el campo popular".