Diputados reclaman un ajuste de haberes por 100 mil pesos

Esa es la cifra aproximada que cobrarían si se realiza una rectificación en la liquidación de sus sueldos. Es un pedido casi unánime de representantes de todas las bancadas.
Diputados provinciales presentaron un reclamo administrativo por la manera en que se están liquidando sus sueldos. Aseguran que no están percibiendo los últimos aumentos fijados por leyes provinciales y como esa omisión viene arrastrando unos dos años, la suma que deberían cobrar por el reajuste rondaría los 100 mil pesos para cada uno.

La presentación se manejó de manera sigilosa. Tanto oficialistas como opositores estamparon sus firmas en el documento que llegó al despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados Graciela Mazzarino, luego de la última sesión, a fines de noviembre, cuando la actividad legislativa decae y sale de la agenda de los medios de comunicación.

Cuando El Diario de la República indagó durante esta semana sobre la veracidad de la presentación, las reacciones fueron diversas. El diputado radical Héctor Casal reconoció que la presentación es un hecho, al igual que el villamercedino Carlos Cobo y el kirchnerista Carlos Ponce. Otros, como Julio Braverman, negaron estar al tanto de un pedido de ese tenor.

Pero en diálogo con El Diario la propia Mazzarino confirmó que la presentación existe. “Hemos recibido la nota y vamos a hacer los trámites pertinentes para ver la factibilidad de lo peticionado”, dijo. Y agregó: “Son dos notas donde se reclama una diferencia en los haberes, algunos diputados firmaron una y otros diputados firmaron otra. Vamos a hacer las averiguaciones pertinentes para ver si corresponde. La liquidación se hace desde Recursos Humanos, pero de todas maneras vamos a hacer un análisis del tema en conjunto”.

Antes de llegar a Mazzarino, las notas circularon por pasillos y despachos. Fueron sumando firmas y hoy están guardadas bajo “siete llaves”. En rigor, bajo una sola: la de una empleada legislativa que no retornará a sus funciones hasta la próxima semana. Al menos, esa fue la respuesta que esgrimió Mazzarino cuando El Diario solicitó conocer en detalle quiénes eran los firmantes.

La propia presidenta dijo no poder tener acceso al expediente por ese motivo. Pero prometió revelar la información la próxima semana.

Esa demora impuesta para conocer la identidad de cada uno de los firmantes, coincide con un anticipo que recibió El Diario de parte de una fuente cercana a Mazzarino, quien aseguró que “lo mejor sería que el tema salga a la luz recién la próxima semana, una vez que se haya elegido la presidencia del cuerpo”. Esa definición llegará el próximo martes 7 de diciembre.

De todos modos, por un sondeo que pudo realizar El Diario el pedido de reajuste de los sueldos no distingue banderas políticas: radicales, kirchneristas, justicialistas (y sus aliados), hicieron causa común y reclaman el recálculo. Solo un pequeño grupo, que pertenece al oficialismo, habría decidido no sumarse.

La diferencia

Según una de las presentaciones la diferencia en la liquidación de los sueldos surgió a partir de la inclusión de un nuevo ítem dentro de los haberes de los diputados. Ese nuevo concepto recibió el nombre de “Responsabilidad Funcional”. A partir de allí se habrían dejado de aplicar los sucesivos aumentos que el gobierno provincial otorgó a la administración pública y a los cuales, la Cámara de Diputados adhirió.

“Habiendo analizado los sueldos se detecta que a partir de octubre del año 2008 han sido excluidos inexplicablemente los aumentos de haberes que se liquidaban como complementos otorgados por ley y que constituyen derechos adquiridos”, dice un párrafo de una de las presentaciones, cuya copia (sin las respectivas firmas) logró acceder El Diario.

De acuerdo a esa nota, el desfasaje ronda los 4 mil pesos mensuales que, acumulados en dos años, disparan los casi 100 mil del total reclamado. Actualmente el sueldo de un diputado supera los 12 mil pesos.

Si el reclamo es atendido, el recálculo de los haberes sería válido no sólo para los propios diputados (incluso para los que terminaron su mandato en 2009), sino también para los integrantes de las secretarías Administrativa y Legislativa, junto con las prosecretarias respectivas. La erogación total para hacer frente al recálculo superaría los 4 millones de pesos.

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