El fiscal Ricardo Nicolás Casalli Rey debería, a juicio de Diputados, “merituar el tiempo y oportunidad procesal para solicitar al juez una medida cautelar inhibitoria” sobre las 90 hectáreas que ahora son de propiedad de la empresa que dirige un hijo del ex gobernador Juan Carlos Romero.

Nada más comenzar la sesión de ayer, el presidente de la Cámara y de la comisión investigadora, Manuel Santiago Godoy, presentó el proyecto de declaración como la primera medida tomada por los legisladores que deberán analizar la denuncia del diputado Carlos Morello, y emitir un dictamen al respecto.

Asi generó el primero de los debates de la Legislatura, que volvió a poner en evidencia las distintas posturas que existen dentro de la comisión de investigación sobre las tareas que deben realizar los legisladores.

Godoy dijo que la declaración de Diputados tendrá un peso político importante para que el fiscal de Estado le pida al juez Pastrana que inmovilice el catastro de las 90 hectáreas de La Ciénaga.

Pero también se ocupó de subrayar que la comisión debe investigar La Ciénaga –“y no otra cosa”-, salvo que la Cámara autorice una ampliación de esos objetivos.

El mensaje estaba dirigido al diputado Claudio del Pla, que luego recogió el guante y anunció que la próxima semana pedirá formalmente una ampliación de los fines de la comisión, en atención a la promoción de acción penal que la fiscal Emma Puente hizo el lunes pasado contra Romero, Manuel Brizuela y Javier David por las ventas que Mercado SRL hizo de inmuebles a la provincia.

Del Plá adelantó que hoy le pedirá a la fiscal María Inés Loyola –que actúa en la causa de La Ciénaga- que también investigue la compra por parte de la provincia, en 2001, de cuatro hectáreas contaminadas de la ex Boroquímica Baradero, en el sur de la ciudad.

Después David –también miembro de la comisión investigadora - lamentó que el proyecto finalmente puesto a consideración de los diputados difiera del que se había consensuado en la comisión, que sólo exhortaba al fiscal a resguardar el patrimonio de la provincia.

Se quejó también de que “todos los martes” se tenga que discutir sobre La Ciénaga en el recinto, y subrayó una vez más que los legisladores de la Comisión no son jueces y que además deberán tener mucho cuidado para no interferir en otros poderes.

La promoción de acción penal de la fiscal Puente dio pie a Virginia Cornejo para recordar que la Auditoría General no quiso hacer una auditoría sobre trece operaciones inmobiliarias que había sido pedida por Diputados.

Cornejo llegó a afirmar que la Cámara debería analizar la posibilidad de hacerle un juicio político al presidente de la AGP, Oscar Salvatierra, quien había dicho que ese organismo no tiene obligación de responder a los pedidos de la Legislatura.

Pizarro

La Cámara aprobó la ley originadf en el ejecutivo para ceder al Estado nacional inmuebles de los ex lotes fiscales 32 y 33 para la creación de la Reserva Nacional de Pizarro.

El apuro de Godoy por hacer tratar el proyecto hizo que se aprobara en general sin siquiera la lectura del despacho de la Comisión de Legislación General. Sólo después, dio lugar para el debate.

Allí el romerista Ricardo Alonso lamentó que Salta “siga perdiendo soberanía” y deje miles de hectáreas que servirían para “generar trabajo genuino”. Insistió, con los argumentos que había dado en su momento el gobierno de Romero para desafectar esas tierras de la condición de área protegida, que son tierras que vienen degradadas desde hace cuatro siglos. Y hasta señaló que en la zona “no hay comunidades orignarias que valgan, porque los wichis fueron llevados hace poco tiempo allí”.

“Los wichis son y serán nómades y son los dueños de esas tierras”, le respondió después Ramón Villa. Prevaleció el criterio del bloque jusicialista que se plegó a los fundamentos del ejecutivo. Milagros Patrón Costas, dijo que el proyecto “devolverá a Pizarro lo que siempre tuvo que tener, la reserva nacional”.