Los diputados consultados prefirieron no informar la posición que tienen sobre el tema, pero los sindicalistas, que defienden los intereses de los trabajadores, señalaron la importancia de dar un debate serio que permitiría mejorar la respuesta de la Cámara.
Solo Fabricio Bolatti, del Frente Grande, se limitó a informar que nunca acompañaron los pases a planta porque su partido político siempre pidió que las incorporaciones de trabajadores se hagan mediante concursos.
Posición de la Aguel
En cambio, el secretario general de la Aguel, Luis Núñez, determinó que “se podría debatir si la cantidad de recursos humanos aprovechado para que los actos legislativos se acerquen a lo que la comunidad requiere”.
Para él, con algunos ajustes en la organización, el Poder Legislativo podría llegar a toda la provincia para dar respuestas a los requerimientos de los chaqueños, quienes desde hace varios años se sienten desprotegidos.
A su vez el delegado de ATE, Héctor Ramón Retamozo, indicó que vienen denunciando desde hace varios años la situación precaria de los contratados de obra y además indicó que detectaron que el personal que cobra es mayor que el que trabaja efectivamente.
Si bien la denuncia de ATE no es nueva, hasta ahora no se pudo comprobar o determinar el número de trabajadores que cobra un salario en el Poder Legislativo aunque no cumplan funciones en la Cámara de Diputados.
Los disconformes
Por otra parte, un grupo de legisladores determinó que es imprescindible que el presidente de la Cámara blanquee el número de trabajadores y a su vez informe cuántos contratados tiene cada legislador.
Una de las denuncias más comunes es que el reparto no es igual para todos los diputados. Muchos mencionaron que quienes supieron negociar lograron que su estructura pueda crecer en los últimos años.
Cada diputado debería recibir 30.000 pesos en contratos, cifra que puede llegar a crecer de acuerdo con la antigüedad del legislador y la muñeca que tenga para cerrar acuerdos con la conducción de la Cámara.
También algunos integrantes de la Cámara de Diputados determinaron que mientras se controla los gastos de los legisladores no se hacen comentarios sobre el número de trabajadores del Poder Ejecutivo.
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