El tratamiento de la implementación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) a nivel provincial tendrá un nuevo capítulo en la sesión que hoy celebrará la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara de Diputados.

Mientras que el bloque del Frente para la Victoria (FV) aspira a que se traten simultáneamente los proyectos remitidos por Poder Ejecutivo y el del diputado Víctor Luna, la oposición del Frente Cívico y Social (FCS) sólo quiere debatir alrededor de la propuesta del exsenador lapaceño, que prevé también la implementación de la boleta única.

Ambos proyectos cuentan con media sanción de la cámara de Senadores y comenzaron a ser estudiados en la sesión de comisión de la semana pasada, aunque sin mayores avances en virtud de las posturas de cada uno de los bloques.

La principal diferencia radica en la implementación de la boleta única que, de aplicarse, permitiría al elector poder optar por los candidatos de su preferencia a través del marcado de una única boleta.

En este sentido, la diputada oficialista Cecilia Guerrero dijo que “la Constitución Provincial prevé dos posibles fechas electorales y, en la eventualidad de que sea con las nacionales, implementar la boleta única significaría someter al electorado a sufragar para cargos nacionales con un tipo de boleta y para los provinciales con una distinta, lo que haría muy engorroso el proceso”.

Senado

En tanto, las comisiones de la cámara de Senadores también deberán encarar arduos debates esta semana. Específicamente, mañana martes se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes del cuerpo y comenzará a tratar el proyecto que propone que todos los funcionarios y agentes públicos respondan patrimonialmente por los perjuicios que puedan llegar a causar al Estado en el desempeño de sus cargos.

El proyecto es autoría de la diputada Cecilia Guerrero (FV) ya cuenta con media sanción de la cámara baja. La iniciativa surge a partir del caso del juez de Control de Garantías, Porfirio Acuña, quien cobrará una millonaria indemnización por los más de ocho años que permaneció apartado de su cargo como magistrado a raíz de la sentencia del Jury de Enjuiciamiento que posteriormente fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia.

El texto estipula que “todo funcionario o agente público que por su acción positiva u omisiva, mediante dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones, hubiera causado daños o perjuicios a terceros, sean éstos personas físicas o jurídicas, miembros o no del Estado provincial en cualquiera de sus tres poderes, y en virtud de los cuales la Provincia deba resarcirlos, tiene obligación legal de restituir al patrimonio del Estado los montos actualizados que integren la indemnización efectivamente abonada”.