El bloque de diputados provinciales del PJ Modelo Chubut denunció penalmente en la Fiscalía de Rawson al gobernador Martín Buzzi y el fiscal de Estado, Blas Meza Evans, "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
García cuantificó que los reclamos que Chubut llevaba adelante y que fueron dejados de lado por el actual gobierno provincial “ascienden al tipo oficial de cambio del valor del dólar a casi 4.500 millones de pesos, y eso representa la mitad de un presupuesto anual de nuestra provincia”.
La acusación de los delitos mencionados contra el gobernador Buzzi es porque “propugnó, firmó acuerdos de desistimiento de los juicios y remitió el proyecto de ley a la Legislatura para su aprobación con fundamentos que llevan su firma”.
En tanto, la denuncia penal alcanza a Meza Evans porque en su condición de fiscal de Estado tiene que llevar adelante “el control de la legalidad de los actos administrativos del Estado y la defensa de su patrimonio”, indicándose que está facultado a “seguir las instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo siempre que las mismas no resulten contrarias a la Constitución, a las leyes o a los intereses patrimoniales del Estado”.
Al gobernador de Chubut se lo acusa de haber infringido “sin soslayar sus obligaciones particulares en defensa de los intereses del Estado Provincial los artículos 10, 91, 92 y 102 de la Constitución Provincial”.
Uno de los puntos abordados en la presentación judicial realizada fue la contratación de los representantes legales y contadores que patrocinaron a la provincia del Chubut y se indica que en caso de que el pleito planteado fuera resuelto a favor “cobrarán sobre el monto que prospere el juicio”.
En los convenios de representación se establece que si la provincia hubiera resultado perdidosa en el planteo judicial, los patrocinantes habían suscripto en el convenio que no percibirían honorarios.
García, durante la conferencia de prensa, afirmó que “el desistimiento unilateral de las demandas no estaba planteado y ahora seguramente el Estado provincial deberá, por esta decisión de Buzzi y Meza Evans, afrontar los reclamos dinerarios de los profesionales contratados”.
En la denuncia contra Buzzi y Meza Evans se indica que “la mencionada acción permitida por el titular del Poder Ejecutivo y el fiscal de Estado desprovista de toda legalidad y previsión jurídica que beneficie al erario público de Chubut, generaría como dijimos un severo perjuicio patrimonial a las arcas de la provincia, que pudiera constituir otro delito al aquí denunciado”.
“Debiendo ser los aquí y hoy acusados (Buzzi y Meza Evans) quienes afronten con su peculio personal las responsabilidades civiles como las consecuencias penales que dicho desistimiento acarrea (artículo 69 de la Constitución Provincial)”, se establece en la presentación judicial.
“Con el convenio firmado por el gobernador Buzzi y la omisión de los deberes del Fiscal de Estado no sólo renunciamos infundadamente sorteando obligaciones constitucionales al menos a 4.444 millones de pesos que nos deben al pueblo chubutense, sino que debemos pagar millonarias sumas a abogados por su actuación en juicio, en relación a la desprovista de legalidad decisión política del gobernador Martín Buzzi de aceptar la imposición de desistir en el derecho y acción de los cinco juicios en trámite, pretendiendo cubrir el paño de tamaña mendacidad elocuente al afirmar que implicó un acuerdo conciliatorio que permitirá acotar los honorarios que el Estado Provincial debe eventualmente abonar a los profesionales contratados en los procesos que se sustancian ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, se indica en la denuncia contra el gobernador y el fiscal de Estado.
Los diputados provinciales del PJ Modelo Chubut afirmaron ante la fiscalía que “esta situación denota con meridiana claridad no solo el perjuicio al erario provincial por la decisión adoptada, sino también la tipicidad del accionar de ambos denunciados en orden a los delitos regulados” en diversos artículos del Código Penal.
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