Con el apoyo del partido demócrata y del bloque radical Leandro Alem, el oficialismo logró aprobar el proyecto de ley que determina servicios mínimos en caso de huelgas en el sistema sanitario.

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la media sanción del proyecto que crea una comisión para determinar servicios esenciales de salud en el caso de una huelga. Lo hizo en una votación reñida que dio 23 a 20 para el oficialismo, que contó con el votó de tres legisladores demócratas y de las radicales Liliana Vietti y Teresa Maza, que conforman el bloque Leandro Alem, tras haberse separado de sus compañeros de partido.

El proyecto, que ahora pasará a la cámara de Senadores, propone hacer cambios en las funciones de la Subsecretaría de Trabajo, entre ellas, pretende crear una comisión de cinco personas encargada de determinar cuáles son los servicios esenciales en el caso de una huelga de salud.

Interesados

Desde temprano en la Legislatura provincial se pudo observar a los actores interesados en el proyecto. Antes de la sesión, la titular de ATE Raquel Blas se reunió con los presidentes de cada bloque para solicitarles que no se le diera media sanción al proyecto, ya que va en contra de los derechos de los trabajadores. Tras más de una hora de reunión, no hubo caso, el justicialismo y el partido demócrata estaban decididos a tratar el proyecto y aprobarlo.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo Ariel Pringles fue uno de los principales interesados en su aprobación.

Justamente Pringles se retiró conforme con la aprobación hecha por la Cámara Baja y señaló que “esta ley viene a poner y reflejar la real función de la Subsecretaría de Trabajo” y agregó que aún queda mucho por mejorar, pero que el proyecto “permitirá inspecciones preventivas y tiende a descongestionar al Poder Judicial en los temas laborales”.

En cuanto a la comisión de garantías, que fue la principal crítica de los gremios, Pringles explicó que esta funcionará cuando no exista un acuerdo sobre los servicios esenciales a prestar en cada huelga, “siempre respetando la legislación nacional”, explicó y aseguró que puede ser una buena herramienta para los trabajadores y para los mendocinos.

Esta comisión estará conformada por un miembro del Colegio de Abogados, otro por los gremios y empleadores y por la Universidad Nacional de Cuyo. Cada uno de estos sectores deberá enviar una terna de nombres y será el Poder Ejecutivo el que elija quienes finalmente integrarán la comisión.

Sin embargo, para los gremios, el proyecto es inconstitucional.

“La ley es una copia de la que está vigente con el único cambio de la comisión de garantías provincial, les hemos explicado que vulnera el derecho a huelga y que la ley habla de una comisión nacional de garantía, que ellos pidan que esa comisión nacional se traslade cuando hay un conflicto es una cosa pero no que haya un criterio distinto en cada provincia”, manifestó la titular de ATE Raquel Blas, quien aseguró que la semana que viene su gremio se movilizará a la Legislatura para intentar convencer a los senadores de que no transformen en ley al proyecto.

Frente a esas críticas, Pringles solamente sostuvo que no es inconstitucional, pero que si hay alguna presentación, será la Justicia quien decida eso.