El programa prevé la disminución de armas ilegales en circulación a través del depósito y posterior tratamiento final de las mismas, como también las municiones, a cambio de un beneficio o incentivo económico por dicho intercambio.

Además se buscará concientizar a los ciudadanos de la importancia de la entrega voluntaria y anónima de armas legales o ilegales y, con su desaparición, disminuir los hechos de violencia.

Para ello, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, será la autoridad encargada de la aplicación del programa, el cual establecerá el periodo de duración y deberá registrar el tipo de arma, munición y todos los datos relativos, como calibre, marca y año de fabricación y el beneficio que se entregará al depositante.

Entre otros puntos salientes del proyecto, se destaca que no se exigirá, durante el programa, que el arma cuente con los registros establecidos por ley para su tenencia, y en caso de no poseerla, no podrá imputársele delito o falta alguna, ni multa, ni será obstáculo para la entrega del incentivo.

También está prevista la creación de un Registro con los datos y números de serie e identificación de las armas recibidas a fin de realizar la evaluación final, sin identificación personal asegurando el anonimato de quien la entrega. El Registro deberá contener los beneficios económicos distribuidos entre los participantes.

Las armas depositadas serán destruidas, disponiendo la autoridad de aplicación, un destino diferente para aquellas armas cuyo estado así lo justifique o que por sus características puedan tener valor histórico.

Fundamentos

Entre los fundamentos para la creación del programa, se cita la Ley nacional 26.216, donde se prevé el desarme civil de la sociedad Argentina, como una política destinada a concientizar sobre los riesgos que trae el uso de armas, los accidentes por consecuencia de su uso y las consecuencias que derivan de su uso violento.

Además se explica que en todos los casos de portación de armas existe un alto riesgo de accidente o producción de daño en la misma persona o en terceros, accidentes domésticos incluso con niños por la facilidad de acceso a un arma de fuego. Las consecuencias de la existencia de armas en la escena de un hecho delictivo, suelen ser irreversibles.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre mortalidad por armas de fuego, en Argentina, dice que los poseedores de armas tienen 43 veces más probabilidades de matarse o de matar a alguien de su familia que de disparar contra un delincuente.

Otro de los riesgos sociales que conlleva la tenencia de armas en manos de la población civil es que si la misma es robada ingresa al mercado negro, reproduciendo y amplificando el espiral delictivo y de violencia.

Los expertos aseguran que las armas salen al mercado legal en un principio y luego pasan al mercado ilegal por robo, venta no registrada, herencia no declarada u otras causas.

En el final de los fundamentos del proyecto, los legisladores consideran "que la entrega de armas para que sean destruidas contribuirá a la construcción de una sociedad más pacífica y segura para todos. Un arma menos en circulación es un arma menos que puede ser disparada".

El programa contempla "la concienciación sobre los riesgos asociados a la tenencia de armas de fuego, que propicien el desarme de la población civil, la no adquisición de armas como herramientas de protección y la promoción de una cultura de paz".