También señaló que tuvo contacto con algunos senadores que le manifestaron interés en que dicha comisión sea bicameral, "lo que demorará un poco más su conformación."

El diputado dijo que "estoy casi seguro que hubo incumplimiento en varios puntos, por ejemplo la reforestación que no se hizo, tampoco la construcción de casas para la gente, no hubo industrialización de la madera, se liquidó la ganadería y lo único que se plantó fue soja."

Es por ello que Godoy declaró que de comprobarse estas irregularidades "inmediatamente voy a presentar un proyecto de rescisión del contrato para que las tierras vuelvan al Estado y no haya que pagar indemnización alguna."

De ocurrir ésto, el bloque justicialista propondrá una reforma a la ley de colonización para poder aplicarla efectivamente en Salta Forestal y generar una correcta explotación de las tierras.

"El objetivo es que se repartan extensiones de tierras lo suficientemente rentable para que vivan familias de varios integrantes con lo que se cosecha ahí, lo que generaría un movimiento económico fenomenal, ya que cuadriplicaría la producción", señaló Godoy.

Pero el presidente de la Cámara de Diputados indicó que el Estado deberá estar presente en este nuevo proceso de Salta Forestal, apoyando con créditos y herramientas a los nuevos adjudicatarios.

Por su parte el diputado del Frente Salteño, Javier David, comentó que no considera necesaria la conformación de una comisión investigadora, porque "el Poder Ejecutivo ya tiene la potestad de renegociar el contrato. Si hoy la soja vale fortuna es justo que el Estado reciba más beneficios."

Igualmente remarcó que de formarse la comisión "seguramente nuestro bloque tendrá un integrante en ella, pero me parece raro que el oficialismo se haya dado cuenta recién después de tres años que existen incumplimientos", concluyó David.

Debate Pendiente

Santiago Godoy resaltó que con este proyecto se generará en la Legislatura un debate pendiente "porque Salta Forestal nunca se adjudicó por Ley como hubiera correspondido, sino que se hizo directamente por decreto del Ejecutivo en el año 2000, amparada en la Ley de Emergencia Económica vigente en ese momento."