La OFEMI está integrada por los distritos en cuyos territorios se prospecta, explora, construye y ponen en marcha proyectos mineros, y se constituyó el 27 de marzo de este año, cuando se aprobó por unanimidad su Estatuto.

Este documento establece que la Organización tiene, entre otros objetivos, coordinar las acciones tendientes a unificar criterios y procedimientos de aplicación de normas vigentes, reafirmar el desarrollo de la actividad minera en un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social.

También instrumentar mecanismos que propendan a la incorporación de valor agregado industrial, arbitrar acciones para la sustitución de importaciones de bienes, insumos, repuestos y servicios mineros y desarrollar aplicaciones en los usos industriales y energéticos.

Además inmediatamente se firmó el Acuerdo Federal que tiene como meta consensuar entre las partes el desarrollo de políticas mineras racionales, mediante la continuidad de acciones definidas en acuerdos preexistentes, sobre la base del dominio inalienable e imprescriptible de las provincias sobre sus recursos minerales y su competencia para administrarlos.

Con esto se habilita la conformación de empresas públicas mineras provinciales, de fideicomisos para construir obras de infraestructura básica y de crear agencias de desarrollo local, como instrumentos para alcanzar escenarios de plena convivencia entre los sectores productivos y la sociedad.

Si bien el Ejecutivo ya firmó ambos documentos, es necesario que sea reconfirmado por el Poder Legislativo para que tenga total legitimidad.

También hay un segundo proyecto enviado desde el Gobierno, para que Salta adhiera a la Ley Nacional 25.854, mediante la cual se creó el "Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción", con el objetivo de formalizar una lista de aspirantes conformada por diferentes Registros Provinciales, definiendo una red de organismos interconectados.

De esta manera se busca conformar un esquema articulado que procura agotar las posibilidades de inserción adoptiva del niño en su ámbito de origen, y sólo cuando ello no fuera posible, se recurre a postulantes de la misma región o del resto del país.

Al mismo tiempo implica un sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes, al extremar los recaudos de la guarda y la consiguiente adopción, evitando la apropiación de menores.

El acta además incluye proyectos que ya estuvieron anteriormente por ser debatidos pero por diversos motivos nunca llegaron a tratarse: el que propone crear el Registro Público de Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal en Salta, redactado por Virginia Cornejo, y el que propone implementar políticas destinadas a promover el empleo y la inserción laboral de los jóvenes cuyo autor es Matías Posadas.

La labor se completa con un proyecto de declaración que piden que se instale un sistema de informatización en el IPS y otro de Humberto Villanueva que pide que el Ejecutivo eleve los pliegos para la designación de fiscales penales atendiendo los antecedentes académicos y puntaje en el concurso.