La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley los cinco proyectos que permitirán implementar el nuevo Código Procesal Penal a partir del 1 de marzo de 2016, luego de un debate que se extendió durante ocho horas.

Las leyes, que fueron tratadas en un único debate pero votadas por separado, establecen los plazos y la forma en que se aplicará el nuevo Código, que establece para el procedimiento judicial el sistema acusatorio, en el que las investigaciones son dirigidas por los fiscales y no por los jueces, como funciona actualmente.

La ley de implementación del Código Procesal Penal obtuvo 133 votos a favor, 81 en contra y 3 abstenciones; la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal tuvo 130 a favor y 88 en contra, mientras que la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa consiguió 163 a favor y 55 rechazos.

Se aprobaron también una Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, con 130 votos a favor y 88 en contra y otra que modifica el Código Penal en los artículos referidos a la extinción de la acción penal y suspensión del juicio a prueba, con 187 a favor, 29 en contra y 2 abstenciones.

La iniciativa más criticada por la oposición fue la que se refiere al Ministerio Público Fiscal, encabezado actualmente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien es cuestionada por la oposición por su presunto alineamiento con el Poder Ejecutivo. En el inicio del debate, la oficialista Graciela Giannettasio sostuvo que "el núcleo" de las críticas de la oposición a esa iniciativa "no está puesto en el Ministerio Público Fiscal ni en la redacción de la norma, sino en la persona que lo ejerce". "Tratar de deslegitimar la discusión por alguien en particular no me parece en absoluto honesto", evaluó Gianettasio durante su defensa de la iniciativa.

Los proyectos establecen además que el nuevo Código empezará a regir para la Justicia Nacional en la Ciudad de Buenos Aires y que será la Comisión Bicameral la encargada de monitorear la puesta en marcha del nuevo cuerpo normativo.

En este sentido, la Comisión será asistida por una secretaría técnica y un comité asesor integrado por representantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, la Procuración General, la Defensoría General y el Poder Ejecutivo.