La resolución, aprobada en la sesión del pasado 11 de este mes, es de la diputada Virginia Cornejo (PS), quien viene insistiendo para que el Gobierno dé explicaciones sobre la operatoria con la empresa Plumada, que tiene a su cargo también el depósito y guarda de los archivos públicos de la provincia. En un comunicado Cornejo recordó ayer que la contratación para la digitalización de los archivos, por cerca de 10 millones de pesos, "se celebró con la empresa Plumada cuando la gestión Romero se retiraba, en un trámite vertiginoso y de muy dudosa legalidad. Plumada recibió un adelanto de 3 millones de pesos que aún sigue en su poder, a pesar de que supuestamente el contrato se halla `suspendido` desde febrero" de este año.

El proyecto aprobado incluye una solicitud al Poder Ejecutivo para que se realicen las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que aprobaron este contrato y el adelanto otorgado a la firma. Por esto también se señala en la resolución que el Poder Ejecutivo debe evaluar la necesidad de dar intervención a la Justicia "por el incumplimiento de las normas aplicables".

Asimismo, en la resolución se solicita al secretario general de la Gobernación que "en forma urgente se remita copia del dictamen que habría emitido la UNIREN (Unidad de Renegociación de Contratos) sobre el contrato, informando por qué no se dio estado público a dicho dictamen como se hizo con todas las otras contrataciones que revisó la UNIREN , y por qué no se ha resuelto todavía al respecto".