Luego de un debate de más de cuatro horas, la Ley Integral de Vivienda fue aprobada por la Cámara de Diputados por 34 votos a favor y uno en contra y dado que ya pasó por la de senadores ayer y que no tuvo ninguna modificación, sólo aguarda su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo para que entre en vigencia. 

La norma establece la nueva reglamentación de la política habitacional de la provincia, no sólo en cuanto a la adjudicación y permanencia en las viviendas sociales, sino que también para establecer un sistema de créditos y líneas de financiamiento para aquellos que quieran reconstruir sus casas obtenidas del gobierno provincial e incluso para los que quieran construir una en un terreno.

A su vez establece una nueva serie de requisitos. El más importante es que los interesados deberán tener una residencia mínima en la provincia de 10 años, que tendrán que acreditar con un certificado de trabajo, certificado de escolaridad continua y libreta de salud. Además deberán ser mayores de 18 años, y no estar en el Registro de Deudores Alimentarios.

Entre las obligaciones de los inscriptos está no adeudar cuotas, no mentir en cuanto a la información presentada para obtener la casa y ocupar la casa inmediatamente. De lo contrario, perderán su vivienda.

Diputados de todas las fuerzas políticas estuvieron a favor de la ley, a excepción de Fidel Haddad de Cambiemos, quien sostuvo que no esta en contra de la norma, pero que no estaba de acuerdo con que no hubiera pasado por el análisis de la comisión de Vivienda e Inclusión Social del órgano legislativo.

Otro punto de crítica de la coalición del PRO y el radicalismo fue la exigencia de que los que quieran acceder a viviendas deberán vivir un mínimo de diez años. El diputado Carmelo Mirabile, al frente del bloque Compromiso Federal, explicó que esto se debió a que en otras oportunidades habitantes de otras provincias venían a San Luis solo para buscar viviendas y también porque hubo ocasiones en que se había vuelto un negocio inmobiliario.