La declaración de emergencia es a nivel hídrico, sanitario, social, vial y de infraestructura escolar y alcanza a todo el ámbito de la provincia, por el término de 90 días. El fin de esta herramienta legal es arbitrar recursos y coordinar acciones tendientes a superar la situación de las poblaciones afectadas por los desbordes de los ríos Dulce y Salado, y zonas de influencia, dando mayor agilidad a la faz operativa de las áreas de Gobierno que conforman el Comité de Emergencia.

La Cámara de Diputados aprobó como proyecto de Ley la Emergencia Hídrica, Sanitaria, Social, Vial y de Infraestructura Escolar, sobre lo cual se expresó el Presidente de la Legislatura Ángel Niccolai.

Sobre el decreto de emergencia emanado desde el Poder Ejecutivo “consideraron que había que abordarlo de inmediato y ratificar la medida como una manera de dotar al Ejecutivo de la herramienta necesaria para atender esta emergencia” expresó Niccolai, sobre el tratamiento que tuvo en el recinto esta medida.

En los considerandos del decreto, el Gobierno describe las distintas dificultades originadas por este fenómeno climatológico. Señala que en los “departamentos Salavina y Atamisqui, entre otros, decenas de familias han quedado aisladas debido a la crecida de los ríos mencionados, que ha llegado incluso al anegamiento de los caminos de la zona que es necesario reparar”.

También, que “se han registrado numerosas evacuaciones y aún resta asistir a más de 200 familias de los departamentos Alberdi, Sarmiento, Jiménez, Juan Felipe Ibarra, Matará, Pellegrini, Avellaneda y Figueroa que se encuentran afectadas por dichas inundaciones”.

Otro aspecto crítico que observa, es que “las defensas y bordos construidos a los fines de paliar la situación en numerosos lugres han resultado infructuosos debido a la constante crecida del río Salado, originadas por las constantes e intensas lluvias registradas en la cuenca de Salta, lo que torna urgente la toma de medidas tendientes a su reconstrucción”.

Pronósticos alarmantes

Desde el Ejecutivo se manifiesta, a través del documento, que “la situación imperante al momento reviste pronósticos alarmantes que hacen necesario suplir necesidades básicas e indispensables para el resguardo de la vida y salud de los pobladores de la zona, así como la protección de bienes públicos y privados, severamente afectados por la emergencia hídrica”.

Además, sostiene que la “crisis que nos afecta hace ineludible la toma de medidas urgentes así como también la coordinación de las acciones necesarias a fin de minimizar las consecuencias dañosas derivadas de los hechos expuestos precedentemente”.

Finalmente, recalca que “la gravedad de la situación hídrica y metereológica que nos aqueja dificulta seguir los trámites administrativos ordinarios, lo que amerita que el Poder Ejecutivo recurra a medidas de carácter excepcional”.