La Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara Baja se reunirá el martes desde las 10 para comenzar a estudiar el proyecto de ley que propone instituir y regular el derecho amparado en los términos del artículo 35º del Código Civil en lo referido a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Se trata del “Derecho de Formación Deportiva”, y apunta a que las asociaciones que se dediquen a la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación deportiva en cualquiera de sus modalidades puedan recibir una compensación por la formación de los deportistas. Para el encuentro se espera la presencia del ministro de Educación, Eduardo Lauritto. Específicamente, el fin de la iniciativa a la que accedió Recintonet es “proveer de recursos económicos a las entidades formadoras, mediante la instauración de una compensación denominada Derecho de Formación Deportiva” que permitirá “una situación más equitativa entre aquellas entidades que más recursos tengan con aquellas que menos tuvieren”, argumenta el texto.

Según se explica en la fundamentación, el proyecto de ley “no es ocasional, sino que responde a una necesidad real percibida en los últimos tiempos y como un justo reclamo de las entidades deportivas con menos recursos, cualquiera sea la disciplina deportiva que se trate”, y ejemplifica: “Habitualmente en la provincia de Entre Ríos, vemos como entidades deportivas forman excelentes deportistas, los cuales en su afán de progresar, y tal vez tentados por escalar en su nivel de competitividad, o también en su nivel de vida, emigran a otros clubes, locales o extranjeros, con características profesionales, sin dejar absolutamente nada a aquellas entidades formadoras que le brindaron no solo sus primeras armas en el deporte, sino también una contención social y familiar”.

La iniciativa, además, otorga “al derecho de formación, el carácter irrenunciable. Esto ha sido dispuesto en beneficio de las entidades deportivas, que representan la parte más débil de las relaciones entre entidades deportivas y los inversores”. Entre las disposiciones, el texto “establece las sanciones para los casos en que se declare una base liquidatoria menor a la que corresponda por Derecho de Formación Deportiva, fijando una sanción punitiva que tiene como fin desalentar las prácticas desleales”.

Por otro lado, establece la jurisdicción y competencia, “proponiendo una alternativa innovadora al darle la opción a las entidades deportivas formadoras de recurrir a tribunales arbitrales deportivos, permitiendo una más rápida y especializada resolución de los conflictos”.

El proyecto fue presentado por Enrique Fontanetto (EAE-Paraná) y acompañado por Martín Uranga (FpV-Paraná) y Agustín Federik (UCR-Paraná).